Un tribunal de Baiona llegó a ordenar seguimientos a camiones, escuchas telefónicas a empresarios y registros judiciales contra una trama que depositó residuos en el vertedero de Zaldibar. Finalmente, ha declarado culpables a las firmas CBA Artola –cuyo propietario, Denis Artola, llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de Donibane Lohizune– y Etcheverry-Mindurry por tráfico ilegal de residuos con destino al vertedero vizcaíno de Zaldibar, derrumbado en 2020. Ha ocurrido tras la demanda iniciada por el colectivo ecologista Cade (Colectivo de Asociaciones de Defensa del Medio Ambiente del País Vasco y las Landas). Concretamente, el pasado 18 de enero, cuando el tribunal impuso multas de 100.000 euros y 150.000 euros respectivamente a sendas empresas, así como embargos por importe de 210.000 y 111.000 euros.
Estas dos empresas habían sido acusadas por la Fiscalía de Baiona de haber enviado a Zaldibar más de 22.000 toneladas de residuos industriales entre 2018 y 2021, principalmente escombros de obras de construcción. Para ello contaron con la colaboración de dos empresas guipuzcoanas cuyo nombre sigue sin trascender a los medios de comunicación.
Ahora bien, sabemos que este asunto fue tratado con opacidad por parte del Gobierno Vasco. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco estaba al corriente de la investigación contra la trama urdida en Ipar Euskal Herria a raíz de un requerimiento realizado por la Fiscalía de Gipuzkoa en 2021, pero no informó sobre esta cuestión en el Parlamento Vasco cuando fue preguntada por Elkarrekin-Podemos.
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