El pasado jueves, subido a la tribuna del Congreso de los Diputados, Aitor Esteban
afirmaba que “un cierre en falso del caso Pegasus” no ayudaría “a la
mejora del sistema democrático” e indicaba que sería más “propio”
pluralizar y “hablar de los espionajes”. Días antes, Aitor Esteban
señalaba que “nadie tiene certeza de no ser espiado” y exigía a Pedro
Sánchez desclasificar documentos.
Como ha podido saber Hordago-El Salto
gracias a una resolución del Órgano Administrativo de Recursos
Contractuales de Euskadi de finales de marzo, mientras el portavoz del
PNV vende consejos en Madrid, el Gobierno vasco oculta su relación con
las empresas israelíes que facilitan el espionaje a la Ertzaintza. A
este respecto, la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi oculta
la licitación de un contrato para la “evolución del sistema de
intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza”.
Según
fuentes de Seguridad del Estado citadas por El Periódico, las dos
empresas (Excem y Dars Telecom) que pujaban por la adjudicación son
intermediarias de NSO Group, firma israelí que ha desarrollado el
programa Pegasus. Tal vez por este motivo, el expediente ha sido
declarado “secreto” por parte del Ejecutivo de Iñigo Urkullu alegando
“razones de seguridad”.
Pegasus inquieta al PNV
Hace casi un año, en julio del 2020, se destapó un escándalo mundial al publicarse que
el programa Pegasus había espiado a líderes de todo el planeta,
incluyendo a los independentistas catalanes. El hecho de que la empresa
involucrada fuera la firma israelí NSO Group puso en jaque los planes de
la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco. Meses después, a
principios de 2021, la Ertzaintza reaccionó cambiando sus planes para
adjudicar el sistema de intervención de comunicaciones, licitado bajo el
nombre de “Evolución del sistema de intervención legal de
comunicaciones de la Ertzaintza”. Este sistema ha sido fabricado por
Verint Systems, una firma israelí de inteligencia que en 2018 trató de
comprar NSO Group. Hasta el momento, la gestión del servicio había
recaído en Excem Grupo 1971 SA, proveedora en el Estado español de
Verint, así como proveedora tecnológica de la “policía patriótica” del
PP y del Ministerio de Defensa. Excem es de la familia Hatchwell, muy
cercana a Benjamin Netanyahu, como publicó El Confidencial.
En
poco menos de un año, la sangre ha llegado al río y salpica al partido
jeltzale de Aitor Esteban. El 5 de enero de 2022, Excem presentaba un
recurso especial contra la adjudicación del citado contrato en el
registro del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC). El representante español de la
israelí Verint Systems había perdido la nueva adjudicación tras casi dos
décadas como proveedora. En su lugar, la licitación fue entregada a la
firma italo-española Dars Telecom SL, intermediaria también de la firma
israelí NSO Group, fabricante del software de espionaje Pegasus.
Por
ello, surgen algunas preguntas: ¿hasta qué punto las empresas de
inteligencia de este país han penetrado en la policía vasca y el
Ejecutivo vasco como para provocar conflictos internos entre ambas? Si
se tratara de un contrato normal, el Gobierno Vasco no hubiera protegido
con tanto ahínco los entresijos de este. Entonces, ¿por qué imploró a
la OARC que guardara silencio?. “Al tratarse de un expediente declarado
secreto por razones de seguridad, [debe garantizarse] de la manera más
estricta posible la confidencialidad y el secreto de la información,” señala el Gobierno Vasco en sus alegaciones al OARC.
Irregularidades en el Gobierno Vasco
Ahora
bien, no se trata de un expediente cualquiera, sino de un expediente
considerado como ilegal por la empresa demandante, con quien el PNV ha
mantenido buenas relaciones hasta que estalló el escándalo Pegasus. En
su recurso, Excem alega que una resolución del Gobierno Vasco acordó en
septiembre de 2021 abrir una nueva fase de negociación acotando las
necesidades mínimas y los valores máximos valorables. Para ello, había
solicitado a las dos empresas una nueva oferta económica definitiva que
no estaba prevista en los pliegos de la licitación, “lo que supone una
infracción del procedimiento legalmente establecido”.
Según Excem,
además, “se da la circunstancia de que, con anterioridad a dicha
resolución, ya había ofertas definitivas” y la suya “era la mejor
puntuada” en junio de 2021. Dars Telecom solicitó la desestimación del
recurso al entender que la solicitud de Excem “carece de argumentación
jurídica sobre el fondo del asunto y perjudica al interés público por
tratar de entorpecer la formalización del contrato”. ¿Por qué cambió de
idea a última hora, contradiciendo además los criterios de la ley de
contratación?
Por su parte, el Gobierno Vasco señaló al organismo
regulador que una cláusula especial de los pliegos de la licitación “no
ha establecido ni limitado el número de fases o rondas de negociación”.
Pero a juicio del OARC, “en este caso el poder adjudicador ha infringido
el procedimiento legalmente aplicable”. El motivo: “solicitar la
modificación de ofertas ya recibidas” que el propio Gobierno Vasco había
considerado como “definitivas y, consecuentemente, innegociables”, para
“elevar la propuesta al órgano de contratación” que adjudicaría el
contrato.
Este movimiento del Gobierno Vasco ha llevado al Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi (OARC) a acusarle de “alterar un criterio de adjudicación por
introducir en él un umbral máximo que no figuraba originalmente en su
descripción”. Esto es, el Gobierno Vasco se ha saltado la normativa de
contratación para no adjudicar un contrato a una proveedora israelí con
la que llevaba varios años trabajando y entregárselo a otra cuya
identidad conocía.
El 25 de marzo de 2022, el OARC ha terminado
estimando “parcialmente” el recurso de Excem. Según esta firma, la otra
licitadora, Dars Telecom, llegó a introducir “en el sobre de los
criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor” datos que no debía
incluir, como su identidad, ya que “anticipan información” y ello
suponía “un intento de influir en la objetividad del juicio del
evaluador y comprometer el secreto de la proposición”. Aunque el OARC
decretó “levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación”, la
Plataforma de Contratación Pública de Euskadi sigue sin publicar ni un
solo dato sobre el proceso de licitación y adjudicación.
Trío de intermediarios
Este
21 de mayo, Hordago-El Salto desveló las relaciones de Verint Systems
con el Gobierno Vasco, adjudicataria en 2003 del Sistema de
Monitorización Telefónica de la Ertzaintza. La investigación apunta que
la firma española Excem “presta sus servicios de soporte y mantenimiento
así como el suministro de componentes y materiales precisos para el
funcionamiento” del Sistema de Intervención Legal de Comunicaciones de
la Ertzaintza. Así fue desde el año 2006, cuando Excem era el “único y
exclusivo representante en el Estado español” de la israelí Verint
Systems. Por entonces, Julián Garcia Vargas, exministro de Defensa, era
consejero delegado de Excem.
No obstante, el reportaje destapaba
también que eso había cambiado y el contrato citado en la sección
anterior para la “evolución del sistema de intervención legal de
comunicaciones de la Ertzaintza” fue adjudicado a Dars Telecom. Seis
horas después, el diario catalán El Periódico,
citando fuentes de Seguridad del Estado, afirmaba que Dars Telecom y
Excem son intermediarias de la también israelí NSO Group para la
distribución de su spyware denominado Pegasus.
Entre los
directivos de Dars Telecom citados por El Periódico destacan Michele
Tombа y Alberto Chiappino, ambos mencionados en la filtración de WikiLeaks, debido a su conexión con la trama de espionaje de la firma italiana Hacking Team. Esta última había sido contratada por el CNI para espiar teléfonos móviles y ha sido cliente de la Ertzaintza.
En los datos de WikiLeaks figura también que el socio local de Hacking
Team es Galea Electricuna empresa vasca manejada por la familia
responsable de la obra del edificio del Archivo Histórico del
Nacionalismo de Artea.
Entonces, ¿las irregularidades del Gobierno
Vasco se deben al caso Pegasus o al choque de intereses entre las
firmas israelíes, quienes llevan décadas compitiendo y enfrentándose por
los contratos de espionaje de las Fuerzas de Seguridad del Estado,
incluyendo a la Ertzaintza?
Las amistades de Dars Telecom
La
relación de Dars Telecom con las Fuerzas de Seguridad del Estado va más
allá que sus relaciones mercantiles con la Ertzaintza. Esta firma ha
sido proveedora tanto del Gobierno Vasco como de la Policía patriótica
del PP que, según Aitor Esteban, le habría espiado durante
la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aquello ocurrió meses
después de dirigirle la famosa frase de “si bien me quieres, Mariano, da
menos leña y más grano”.
Según los datos hechos públicos entre los años 2015 y 2021, a
los que ha tenido acceso Hordago-El Salto, Dars Telecom ha sido
adjudicataria de importantes contratos de suministro de equipos y
software para la interceptación de las telecomunicaciones utilizados por
el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Según la Asociación
Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y
Espacio (TEDAE), la firma italo-española también trabaja para el
Ministerio de Defensa y la Policía Foral navarra.De acuerdo al TEDAE,
entre los productos ofertados por Dars Telecom se incluyen los “centros
de monitorización, soluciones específicas de interceptación legal para
los operadores, herramientas de investigación en distintos entornos
tecnológicos avanzados como pueden ser redes sociales, TOR, balizas
electrónicas y soluciones para la gestión electrónica de mandamientos
judiciales en conservación de datos, intervenciones telefónicas y
oficios policiales tanto para operadores de comunicaciones como para
cuerpos y fuerza de seguridad”.
Dars Telecom fue adquirida en
diciembre del 2021 por la empresa Cy4gate. La plataforma que investigó
el espionaje a independentistas con el programa Pegasus, Citizen Lab,
desveló que Cy4gate estaba implicada en la distribución de una versión falsa de la aplicación de mensajería WhatsApp utilizada para robar información.
Espionaje “made in Italy
El
Periódico también informaba el pasado 21 de mayo sobre Roberto
Raffelli, presidente de Dars Telecom entre 2006 y 2010 y patrón de la
firma italiana RCS Lab. Esta última fue contratista de la Fiscalía de
Italia hasta 2015, fecha en la que Roberto Raffelli fue “acusado de
pasar grabaciones obtenidas a través de la fiscalía al presidente
italiano Silvio Berlusconi”.
Cabe
señalar que el desembarco de Silvio Berlusconi en el sector televisivo
español se produjo en 1988 gracias a un convenio firmado con el ente
público vasco ETB. Poco después, un testaferro de Berlusconi, Donaldo
Nicosia, comenzó a tejer una red de empresas en Euskadi, gran parte de
ellas domiciliadas en la sede de una gestoría propiedad del hermano de
un exresponsable de las finanzas del PNV. Esta gestoría estuvo ligada al
affaire del caso Tragaperras, sobre supuesta financiación ilegal del
PNV, y Donaldo Nicosia figura en los papeles de Panamá a través de una
empresa con sede en Bilbao.
No
son estas las únicas relaciones del Gobierno Vasco con contratistas
italianos del Ministerio de Defensa como Dars Telecom y Hacking Team. En
la década de los años 80, la empresa italiana Telettra, proveedora del
Ejército español y de la que fue presidente el exministro de Defensa
Eduardo Serra, suministró e instaló las antenas parabólicas del sistema
de comunicaciones del Departamento de Interior.
‘El Padrino’ de Aitor Esteban
Aitor
Esteban señalaba hace algunos días que al PNV le “han espiado toda la
vida y lo van a seguir haciendo”. El Portavoz del Grupo Vasco en el
Congreso de los Diputados, evitaba hacer autocrítica de los episodios de
espionaje ligados a la Ertzaintza, desde el caso de las escuchas al
exlehendakari Carlos Garaikoetxea hasta el caso Tellería.
De
hecho, el sistema de monitorización telefónica de la Ertzaintza no ha
estado siempre en manos de empresas extranjeras. Antes de encargar el
sistema a la empresa israelí Verint Systems en 2003, el Gobierno Vasco
contrataba a Telion SA, una empresa vasca de confianza, para ese
servicio de mantenimiento del Sistema de Monitorización Telefónica de la
Ertzaintza. Telion estaba por entonces controlada por Dominion y
Urazca, ambas vinculadas a importantes apellidos del PNV, y había
crecido como una importante contratista de ETB.
Entre 1999 y
2004, la presidencia de Dominion la ostentó Abel Matutes, alcalde de
Ibiza durante la dictadura franquista, ministro de Asuntos Exteriores
del primer gabinete de José María Aznar que tenía el apoyo del PNV,
exsocio de empresarios vascos en el negocio de las discotecas y con
intereses en Panamá. A partir de 2004, Dominion pasó a estar presidida
por Antón Pradera, consejero de la firma desde 1999 y hermano del
jeltzale José Alberto Pradera, exDiputado General de Bizkaia cuyo nombre
figura en los papeles de Panamá. Por su parte, Urazca era propiedad
de Javier Uría, exalcalde de Zeberio y figura de la élite vasca que
apadrinó las carreras políticas de Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai
Buru Batzar, y Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Urazca,
empresa fundada por su padrino político, figura en los papeles de
Bárcenas y en la trama de comisiones ilegales de burukides del PNV
denominada caso De Miguel.
