Dut zuzenean (Paris- Oct 1995)

El Sentido De La Birra - #43 Javier Cansado

Deforme Semanal 3x01 - 4.Marc Giró

"¡No os importe matar!", un eslabón en la memoria histórica de los Sanfermines

Este martes 12 de noviembre, estaban presente en la librería Katatrak el autor y abogado Sabino Cuadra, Amaia Kowasch, de la asociación Sanfermines 78 Gogoan y representantes de la editorial Txalaparta, para presentar "¡No os importe matar!", un libro sobre la construcción de la memoria histórica de los Sanfermines del 78, y que relata y denuncia el asesinato de Germán Rodríguez, descrito como un "crimen de Estado".

Borrokan - Borrokan

El Gobierno español podrá cerrar redes y webs sin orden judicial y por motivos de orden público

El BOE publica hoy el Decreto Ley aprobado en el último Consejo de Ministros sobre la seguridad pública en materia de administración digital y telecomunicaciones. Se trata de una norma aprobada para frenar el desarrollo digital de Catalunya, para lo que otorga amplios poderes al Gobierno a la hora de intervenir redes y páginas web.

«Ni habrá independencia offline ni online». Pedro Sánchez anunció con estas palabras el decreto que hoy oficializa el BOE. Lo hizo en el último Consejo de Ministros celebrado el pasado 31 de octubre. Hasta hace bien poco, todo habían sido risas en Madrid sobre las supuestas ensoñaciones digitales de la Generalitat –que tiene una consejería de políticas digitales– y del independentismo –que apela a la construcción de una República digital–, pero los avances en la tecnología Blockchain por parte del Govern y la aparición de una iniciativa digitalmente muy sofisticada como la del Tsunami Democràtic han puesto al Estado español en alerta.

Para tratar de frenar esos avances, el Decreto Ley publicado hoy modifica, sin pasar por el Congreso de los Diputados, seis leyes y otro Decreto Ley. El conseller del ramo, Jordi Puignero, ha considerado que, con esta norma, Sánchez «se convierte en el padre de la Loapa digital», en referencia a la Ley del café para todos autonómico. También ha considerado que el Gobierno «ha decretado el estado de excepción digital», y que quiere «destruir el progreso tecnológico, económico y social de Catalunya».
La red Xnet, por su parte, ha considerado que el decreto «nos acerca más a China y sus políticas liberticidas», añadiendo que «en nombre del orden y la seguridad, el Gobierno se reserva la potestad de asumir la gestión o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas».

Intervención gubernamental de redes y páginas web
En efecto, la medida más llamativa del decreto es la que permite al Gobierno español intervenir o cerrar «cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red». Es decir, cualquier aplicación ligada a la red o cualquier página web, pongamos por caso.

Como explica Eva Belmonte, el Gobierno ya podía cerrar sin orden judicial páginas web anteriormente por razones de seguridad pública, protección civil, emergencias, defensa de la vida humana o interferencia con otras redes; lo que hace el decreto es ampliar enormemente el abanico de elementos que el ejecutivo puede intervenir y los motivos por los que puede hacerlo, que ahora incluyen la «amenaza inmediata y grave para el orden público» y la «seguridad nacional».

Aunque el texto no menciona a Catalunya directamente, la misma Belmonte apunta que el Gobierno justifica la medida a la luz de «los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español». El arsenal que deja en manos del Gobierno, sin embargo, afecta a todos y va más allá del caso catalán. El redactado es tan ambiguo e inconcreto que permite justificar la intervención de prácticamente cualquier elemento de la red. Este es, quizá, uno de los párrafos clave:

«Estas mayores posibilidades de actuación que se reconocen no se limitan en su aplicación a un concepto estricto de una red o un servicio de comunicaciones electrónicas, sino que extienden su eficacia a los elementos que necesariamente acompañan a la instalación o despliegue de una red o la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas, como son las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».

Freno a cualquier atisbo de soberanía digital
Pero la nueva norma no solo otorga amplias prerrogativas al Gobierno en materia de intervención de redes. También obliga a todas las administraciones públicas del Estado –autonomías, ayuntamientos, etc.– a alojar en servidores europeos aquellas bases de datos que incluyan información sobre censos, padrones y datos fiscales, entre otros.

El decreto explica que la medida se toma para prohibir la utilización de «paraísos digitales» que quedan lejos del alcance del Gobierno español, como quedó de manifiesto, sin ir más lejos, durante el referéndum del 1-O, cuando se utilizó un censo universal digital que la Guardia Civil no acertó a desactivar pese a poner en ello todo su empeño.

Del mismo modo, queda prohibido el uso de tecnologías como el Blockchain en relación a estas bases de datos, todo un misil contra la política digital de la Generalitat, que lleva meses desarrollando políticas en este sentido. Finalmente, el texto recuerda que el TC sí permite a las autonomías crear sistemas de identificación digitales, pero subraya que el DNI «es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular».

https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20191105/el-gobierno-espanol-podra-cerrar-redes-y-paginas-web-sin-orden-judicial-y-por-motivos-de-orden-publico

Tres testigos confirman que Lanza se defendió porque Laínez llevaba un cuchillo

 
Víctor Laínez atacó antes a Rodrigo Lanza con un cuchillo. Así lo han confirmado hoy en la Audiencia Provincial de Zaragoza tres de los testigos que han declarado en la segunda sesión del juicio a Lanza por el llamado ‘crimen de los tirantes’ por los grandes medios de comunicación, en referencia a los tirantes con la bandera de España que, según la acusación, motivó la pelea.

Rodrigo Lanza se enfrenta a 25 años de cárcel por homicidio con agravante de odio por la muerte de Víctor Laínez. El juicio comenzó el pasado lunes, 4 de noviembre con la declaración de Lanza, que afirmó que la agresión fue en defensa propia, como ya declaró ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza en diciembre de 2017, cuando fue detenido por la muerte de Laínez.

Los hechos sucedieron el viernes 8 de diciembre de 2017 en el bar El Tocadiscos, en Zaragoza, donde Lanza comenzó a vivir tras cumplir siete años de prisión como uno de las personas condenadas en el caso 4F, un caso lleno de irregularidades en torno a la agresión a un policía que quedó tetrapléjico durante el desalojo de una casa okupada en Barcelona en 2006 y a causa del cual otra de las personas condenadas, Patricia Heras, se suicidó en 2011. Lanza acudió al bar Tocadiscos tras salir de trabajar con varios amigos. Allí se encontró con Laínez, miembro de la banda de moteros Los Templarios y de Falange Española de las Jons. Este último hecho ha sido negado hoy, antes de la entrada a juicio, por Javier Laínez, hermano del fallecido, a pesar de que desde la propia Falange reivindican su militancia.

“Salió con un cuchillo y me quiso matar”, afirmó ayer Lanza tras señalar que estaba bastante bebido cuando llegó a este bar durante la primera sesión de un juicio en el que el aspecto de Lanza ha sido lo más noticioso para la mayoría de los grandes medios de comunicación —“poco queda, en lo estético, del Rodrigo Lanza antisistema”, subrayaba El País en su crónica de ayer—.

Hoy, las tres personas que habían acudido con él al lugar de los hechos en la noche del 8 de diciembre han apoyado la versión de Lanza. Uno de ellos ha afirmado ante el jurado que esa noche advirtió al acusado de que Laínez portaba un arma blanca. “Era una navaja, un cuchillo, no sabría decir”, ha afirmado.

Tres ellos, el siguiente en declarar ha sido el dueño del bar donde tuvieron lugar los hechos, que ha rechazado la versión de Lanza en cuanto a legítima defensa y ha afirmado que atacó a Laínez por detrás tras tener una discusión con él. “Le dije ‘cuidado, que viene por detrás’, pero no pudo reaccionar. El acusado cogió carrerilla y le dio un golpe de película, contundente”, que “en el suelo siguió dándole patadas y puñetazos” y que le dijo a Lanza “para, que lo matas”. Este mismo testigo, propietario del local donde tuvieron lugar los hechos, a la pregunta de si pudo ver claramente las dos manos de Laínez como para asegurar que no portaba un arma blanca ha respondido que no. También ha explicado que, siendo un local de hostelería, en el recinto hay varios cuchillos. Y es que la existencia de esa arma blanca con la que, según afirma Lanza, Laínez le amenazó, no fue encontrada durante la investigación, pero tampoco fue buscada el día de los hechos cuando llegó al lugar la policía ya que no se mencionó sobre ella hasta que el acusado pasó a declarar ante el juez una semana después. El día de los hechos, la policía buscó el “objeto” con el que Lanza habría golpeado a Laínez.

En cuanto a las personas que estuvieron ese día, 8 de diciembre de 2017, en el bar Tocadiscos en el momento de la agresión, ha habido contradicciones entre los distintos testigos. Mientras el dueño del bar ha afirmado que tras la agresión salió fuera del local a buscar a una clienta que antes estaba en el lugar y de la que no recordaba el nombre, otro de los testigos hablan de otra persona, amiga de Laínez, que habría llegado tras la agresión y que la policía no ha identificado.

Durante la sesión de hoy también han declarado varios policías que se personaron esa noche en el bar. Su declaración se ha basado en los tirantes con la bandera de España que llevaba Laínez y por los la Fiscalía, la familia del detenido y Vox, que también se ha presentado como acusación en este juicio acusan a Lanza de delitos de odio. Han afirmado que se veían “claramente” y que eran “llamativos”. Otro cargo policial se ha centrado en el perfil activista de Lanza, afirmando que era un “conocido activista” relacionado con el “movimiento okupa y antisistema”. También que era famoso a raíz del documentalCiutat Morta, en el que se tratan las irregularidades cometidas en el caso 4F, por el que Lanza fue condenado en 2009.

https://www.elsaltodiario.com/zaragoza/tres-testigos-confirman-lanza-defendio-lainez-llevaba-cuchillo 

EL CAMINO QUE SIGUEN LOS RESTOS SIN NOMBRE

Cada uno en su caja de plastico está esperando un nombre, ese que le ate a una historia concreta, a su propia vida y sobre todo a una familia que le recuerde. Muy pocos lo van a conseguir, puede que ninguno. En el laboratorio forense hay 45 cajas albergando restos humanos a la espera de su próximo destino aún por concretar. Todas las han traído de Nafarroa. De la fosa de Iruzkun exhumada el 30 de septiembre llegaron los últimos, que son veinte. Y, antes de ellos, había restos humanos rescatados de las siguientes fosas: Etulain (3 personas), Etxakaz (4), Urbikain (6), Larrasoaña (4), Artaiz (2), Ardaitz (2), Urdaniz (3) y Olabe (1).
A esta relación de restos humanos sin identificar que se encuentran a día de hoy en los laboratorios de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, hay que sumar los que han llegado de otros puntos del Estado y otros que lo harán en breve. Lourdes Herrasti –la forense que busca pistas sobre quiénes fueron y cómo los mataron– pasó el día de Todos los Santos en Burgos en labores de exhumación de otra fosa común.

«Nosotros nos encargamos de la exhumación y luego somos responsables de la cadena de custodia de los restos. Nos hacemos cargo de ellos y garantizamos la trazabilidad hasta el laboratorio, es decir, nos ocupamos de que los restos correspondan efectivamente con los que se exhumaron en el lugar», explica la forense después de enumerar de memoria el listado de fosas y el número de individuos rescatados de cada una de ellas.

Desde que en 2015 el Gobierno navarro alcanzara un acuerdo con Aranzadi y comenzara a exhumar con método las fosas que se creen localizadas en el herrialde, la cantidad de restos humanos encontrados parece haber rebasado momentáneamente la capacidad de encontrarles un lugar de descanso. Exhumar con método supone que el Gobierno ya no busca fosas porque así lo piden familiares o asociaciones, sino que cuenta con un plan para prospectar y abrir todas las cunetas de las que se tiene noticia. Esta es la diferencia fundamental con lo que sucede en otros puntos del Estado, aunque, en la práctica, donde verdaderamente se aprecia el paso adelante es en la cantidad de restos de desaparecidos del 36 que están recuperando.

El 1 de abril de este mismo año se llevó a cabo el primer gran enterramiento de 46 personas sin identificar en un panteón del cementerio de Iruñea. Se trata de un monumento funerario imponente que se hace hueco en una de las mejores zonas del camposanto. Lo rodean otros panteones brillantes de mármol, algunos decorados con ángeles y vírgenes a tamaño real pertenecientes a familias de bien que, a primera vista, parecen poco tener que ver con aquellos a los que el fascismo quitó la vida y el nombre. El panteón está cerca también del monumento funerario a Pablo Sarasate y al del periodista republicano Basilio Lacort.
El problema es que, tras esa última inhumación, aquel sobrio panteón se llenó. Hay acuerdo para ampliarlo, pero es complicado que pueda dar cabida a tantos. «En un inicio se pensó para la gente de Iruñea fusilada. Esos son los nombres que aparece en la inscripción. Luego se abrió a gente de navarra no reclamada o que no se sabía de dónde era. Se quedó pequeña. Se acordó la ampliación, pero las posibilidades no son infinitas», comenta Joseba Asiron, exalcalde bajo cuyo mandato llegó esa gran inhumación.

Bajo las pesadas losas del panteón, en realidad, lo que hay es otro pequeño almacén. Los restos de los desaparecidos se colocaron dentro de ataúdes reducidos debidamente etiquetados. El distintivo indica la fosa y el número del individuo por orden de exhumación. Así, en caso de que se consiguiera descubrir la verdadera identidad de alguno de ellos, pueda quedar a disposición de su familia o viajar a su localidad natal.

El trabajo de los forenses

En el laboratorio de Aranzadi no se limitan a custodiar los restos, sino que exprimen al máximo la información que contienen esos huesos amarronados por el paso del tiempo. «Limpiamos los restos que rescatamos. También los restauramos, porque a veces los huesos están rotos en múltiples fragmentos. Analizamos las dentaduras, intentamos delimitar la edad, el sexo y la causa de la muerte… buscamos los orificios de entrada y salida de la bala», explica Herrasti.

Aunque algunos de los desaparecidos tienen más de una herida de arma de fuego, no los mataron pelotones de fusilamiento. Les mataban de un disparo en la cabeza. El balazo llegaba unas veces desde la parte de atrás del cráneo y, otras, desde el lateral. Atando esta forma de ejecución al número de muertos hallados en cada fosa y teniendo en cuenta que las zanjas donde acabarían enterrados en muchas ocasiones las cavaban ellos mismos, se hace fácil reconstruir mentalmente una escena de pesadilla. Recientemente, el Gobierno navarro ha publicado un libro bilingüe (“Bajo tierra. Exhumaciones en Navarra”) con más datos sobre las fosas comunes en Nafarroa y que añade otras pinceladas a estas escenas. Ejemplo de esto son los apuntes que acompañan en ese libro a las dos personas sin identificar de la fosa de Artaiz cuyos restos están en esas cajas de plástico. Los detalles fueron extraídos de una carta del alcalde de Unziti al Gobernador: «el guarda rural del valle había encontrado dos cuerpos que se hallaban en posición supina con las manos atadas a la espalda. Ambos con signos de haber recibido disparos en la cabeza. El individuo de más edad tenía otros dos disparos en el pecho y en el muslo izquierdo». Completa la nota una descripción de cómo vestían: «El primero vestía un trajecito oscuro, con bombacho azul, alpargatas blancas bastante usadas y camisa blanca. El segundo, un traje usado a rayas, camisa de rayas, calcetines grises y alpargatas blancas bastante usadas». Esto les hizo pensar a las autoridades locales que se trataba de «ribereños del campo».

Los forenses de Aranzadi también buscan «otras patologías» en aquellos cuerpos enterrados hace ocho décadas. No ya solo en busca de quién podría ser y poder ponerles por fin un nombre y avisar a los familiares. Según explica Herrasti, las fracturas y su nivel de curación pueden indicar torturas o maltratos previos a la ejecución.

A los restos que llenan las 45 cajas también se les ha extraído el ADN para almacenar sus datos. Con el acuerdo entre el Gobierno navarro y Aranzadi en 2015 (similar al ya alcanzado entre esta institución y el Gobierno de Lakua en 2002) el Gobierno navarro cuenta con lo que se denomina un Banco de ADN. Ahora bien, las muestras tomadas solo serán útiles en caso de que familiares de desaparecidos acudan a en busca de los suyos y se pueda cotejar la huella genética de unos y otros. De ahí la importancia, subraya Herrasti, de que la prensa recuerde que tanta gente ha sido rescatada. Todavía hay esperanza.
Recientemente acudió un familiar a la sede de Aranzadi y se llevó de allí a un pariente. A fin de cuentas, los que hoy han quedado en cajas de plástico no perdieron su nombre porque los suyos los olvidaran, sino que su anonimato es fruto de la crueldad con la que los mataron, cuando no de la propia cobardía de sus matones.

En el caso concreto de Nafarroa, los restos más problemáticos a la hora de poner un nombre están entre los 205 que mataron tras la fuga de Ezkaba, ya que en aquel presidio había prisioneros de todos los puntos del Estado. En muchas ocasiones, las familias de los prisioneros ni siquiera conocieron que les habían trasladado a cientos de kilómetros del punto donde fueron capturados. En el caso del Cementerio de las Botellas (otro lugar de enterramiento de presos que murieron en ese presidio) 45 de 131 restos de desaparecidos fueron recuperados por sus familiares, algunos de ellos regresaron a provincias como Córdoba o Cuenca.

El contrato entre el Gobierno de Nafarroa y Aranzadi vence a finales de noviembre. Josemi Gastón, responsable del Instituto de la Memoria (cuya composición quedó intacta tras el cambio de Gobierno), cree que tendrán tiempo para prospectar tres fosas más antes de ese el plazo. Se trata de tres pistas (testimonios, documentos como la carta del alcalde de Unziti, rumores...). No hay garantías. Puede que haya suerte y aparezcan los cuerpos o que la excavadora falle por unos metros y vuelvan de vacío. Gastón confía en que habrá una renovación del acuerdo. Solo unos días atrás, hubo una reunión con asociaciones memorialistas en la que comenzó a dibujarse el plan de las búsquedas que se realizarán en el año 2020. Planean otra docena de prospecciones. El horror vivido en Nafarroa parece, a veces, casi infinito. Por eso queda tanto camino por delante todavía.

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2019-11-03/hemeroteca_articles/el-camino-que-siguen-los-restos-sin-nombre

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