Herido por un pelotazo de goma de la Ertzaintza, expulsado de España

Queremos recordar que M.L. sufrió lesiones por recibir un pelotazo de goma disparado sobre las 10:30horas, en el contexto de la Huelga General del 26-S, cuando miembros de la dotación de la Ertzaintza que protegía la entrada de El Corte Inglés, esquina Gran Vía y Alameda Urquijo, dispararon varias pelotas, una de las cuales golpeó en la cara a M.L., que cruzaba por la acera del otro lado de Gran Vía, sin formar parte del "piquete" que se pretendía disolver. A resultas del impacto, que le produjo una herida, fue trasladado a un centro de salud desde donde se le llevó a urgencias del Hospital de Basurto. Estos hechos fueron denunciados en su día ante el Juzgado de Guardia, quien los archivó, motivo por el que el pasado 25 de enero se presentó un Recurso ante la Audiencia Provincial de Bizkaia solicitando la reapertura de la instrucción de su denuncia, recurso que aún no se ha resuelto. Días antes, también se presentó una queja ante el Ararteko, quien sigue su tramitación.

Estos son los hechos que ahora pueden quedar sin esclarecer ante el proceso de expulsión sufrido por M.L., un proceso realizado sin esperar a que se resolviera el expediente ordinario abierto contra él, que también va a quedar sin resolución, y a través de una detención que en si misma pudo ser irregular al no haberse cometido ningún delito que justificase la misma y no estar resuelto el expediente ordinario en tramitación.

Ya dijimos en su momento que nos parecía grave que se sigan disparando pelotas de goma, sin respetar los protocolos de seguridad. Ahora decimos que nos parece grave que se obstaculice la investigación de los hechos y que la única consecuencia que se derive de ellos sea la expulsión de urgencia y sin la salvaguarda de las garantías jurídicas y administrativas correspondientes de la víctima, circunstancia por la que entendemos se deberían dar explicaciones. Igualmente consideramos que si la Audiencia Provincial decide reabrir el caso, M.L. debería ser devuelto al territorio estatal para que pueda prestar su declaración en sede judicial y ejercer sus derechos, en la debida forma.