Unas
4.000 víctimas. Esta es la cifra que se maneja, con suma cautela, en el
entorno de la auditoría encargada, hace ahora un año, por la
Conferencia Episcopal española al despacho Cremades & Calvo Sotelo
para intentar desentrañar, desde dentro, el drama de los abusos sexuales
a menores en la Iglesia española. Y para ofrecer, tal y como lo
anunciaron en su día los obispos, recomendaciones que en ningún caso
serán de obligado cumplimiento.
los
primeros datos de esta investigación –el Congreso encargó otra
independiente al Defensor del Pueblo– apuntan a una cifra
(necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de
alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta
ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la
presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete
se ha centrado en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo
que se ha concretado en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro
lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar
un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal,
el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años
50.
Aún
con lo sorprendente de la cifra para lo que ha sido el discurso de la
Conferencia Episcopal hasta el momento, hay quienes piensan que puede
ser demasiado conservadora. Se acerca a la que una investigación
adjudicó solo a la archidiócesis de Múnich (Alemania), que hablaba de
3.600 víctimas. Este mismo lunes la Iglesia portuguesa presentó su
propio informe en el que apunta a casi 5.000 afectados en un país mucho
más pequeño que España. Lo cierto es que personas que han participado en
estos dos informes están trabajando con el equipo de Cremades en la
elaboración del español.
El
informe no se entregará, como estaba previsto, la semana que viene, y
las previsiones más optimistas apuntan a primavera (mayo-junio), aunque
lo más probable es que el informe final no se presente hasta pasado el
verano.
¿Cuáles
son las causas del retraso? En primer lugar, la lentitud –y, en algunos
casos, el “desprecio”– de algunos obispados a la hora de colaborar con
la auditoría, así como las dificultades para acceder a datos reservados,
tal y como apuntan fuentes cercanas al estudio.
Algunos
datos preliminares han revelado la existencia de decenas de acuerdos
extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia. El
equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia
Episcopal ha detectado “alrededor de una treintena” de documentos en los
que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales.
Algunos
han sido desvelados por este medio, como la indemnización a la víctima
del 'caso Cociña', sacerdote del Opus Dei que 'compró' el silencio de
una víctima por 17.000 euros. El acuerdo, implicaba la renuncia de la
víctima “a cuantas acciones pudieran corresponderle” contra el cura, el
Opus Dei o la Iglesia, y le prohibía pronunciarse sobre el pacto.
El
mayor problema que seguramente encuentre la auditoría estará en su
lectura por parte de un episcopado que, a diferencia del portugués,
sigue pareciendo más remiso a aceptar su responsabilidad, a tenor de sus
constantes referencias al porcentaje de abusos que se dan en Iglesia y
en el resto de la sociedad, además de la actitud frente a otras
investigaciones (fundamentalmente, la del Defensor del Pueblo), con las
que no se está colaborando activamente.
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