La asociación GuraSOS ha solicitado al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco la paralización de la actividad en la planta de valorización de residuos de Zubieta, la incineradora de Gipuzkoa puesta en marcha en noviembre de 2019. Alegan que la autorización industrial caducó el 15 de noviembre y denuncian que ha sido revocada por Industria. Tanto el Departamento como GHK, el organismo público que gestiona los residuos urbanos de Gipuzkoa y la concesión de la planta, han intentado minimizar el impacto de que una planta industrial se quede sin licencia industrial. Desde el Gobierno vasco alegan que “no tienen constancia”, cuando las licencias dependen de ellos, y GHK aduce que la pérdida de licencia “es un tema administrativo menor” y que ello no implica que la planta deba dejar de funcionar. De hecho, no dudan en afirmar que la incineradora sigue funcionando. La concesionaria recibió la notificación el miércoles 2 de diciembre.
A juicio de GuraSOS, la concatenación de malas praxis y accidentes en este proyecto estrella del Partido Nacionalista Vasco ha derivado en una situación en la que indican que las obras no han sido terminadas, ha habido vertidos fluviales tóxicos y, el 1 de septiembre, cuando se puso en marcha el transformador en el primer día en que iba a generar electricidad, explotó el núcleo. Actualmente, el transformador se encuentra en Alemania para su reparación.
La planta de valorización recibe todos los residuos urbanos municipales de Gipuzkoa (alrededor de 100.000 toneladas) para su incineración. Estaba previsto que se valorizasen desde el 1 de septiembre —cuando la incineración genera energía eléctrica que se vierte a la red estatal de electricidad—.
Se da la circunstancia que el Gobierno vasco ha fusionado en esta legislatura los departamentos de Industria y Medio Ambiente, dando lugar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, liderado por la consejera Arantxa Tapia. De este departamento dependen ahora las dos autorizaciones que necesita la incineradora para operar. La medioambiental fue renovada el 16 de junio por el antiguo Departamento de Medio Ambiente —organismo del que dependían las autorizaciones y supervisión del vertedero de Zaldibar—. Dos días después, el 18 de junio, la inspección del antiguo Departamento de Industria halló varias deficiencias y levantó acta. La planta subsanó tres de las cinco deficiencias e Industria otorgó una autorización provisional hasta el 15 de noviembre, para que pudieran arreglarse. Sin embargo, el 1 de septiembre estalló el núcleo del transformador y, además, días después el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil informaba de que están investigando a cuatro personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente debido a su relación con el vertido ilegal de amoniaco al río Arkaitzerreka, ocurrido en mayo.
Según el Seprona, los técnicos “no dieron importancia al derrame, por lo que incumplieron los procedimientos del propio Complejo Medioambiental de Gipuzkoa”. La fugo duró cuatro días y consideran que podría haber habido otra previamente.
Desde GuraSOS recalcan que Zubieta recibió la autorización ambiental antes de que Industria realizara la inspección. Por otra parte, este tipo de gestión de residuos fue puesto en duda por la Unión Europea el pasado año, según la directiva 2018/852, que insiste en que para preservar y mejorar la calidad del medio ambiente, proteger la salud humana y el uso adecuado de los recursos naturales es necesario fomentar el reciclaje, en vez de quemar los residuos. La normativa europea de 1998 fomentaba la incineración, y la subvencionaba, pero la Unión Europea ha puesto en duda su eficacia y ha cortado las subvenciones.
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