Control de la Ertzaintza en Zarautz. (Andoni CANELLADA/FOKU)
Abogados, magistrados y otros juristas coinciden en señalar, de acuerdo con un informe realizado por la Abogacía del Estado, que las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana solo deben imponerse a los ciudadanos que son descubiertos saltándose las indicaciones del Estado de Alarma, y que además se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad.
El informe de la Abogacía del pasado 2 de abril analiza cómo deben aplicar los cuerpos policiales las restricciones en vigor bajo el prisma de tres leyes diferentes, la de Seguridad Ciudadana, la Ley General de Salud Pública y la del Sistema Nacional de Protección Civil.
Así, concluye que el mero incumplimiento de las limitaciones impuestas no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia previsto en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad de 2015 (la «Ley Mordaza»).
Se precisa que el ciudadano, habiendo incumplido las medidas, desatienda el requerimiento expreso que le haga el agente que le haya descubierto.
Requerimiento expreso, comprensible y concreto
La práctica totalidad de magistrados y letrados expertos en Contencioso-Administrativo consultados coinciden en interpretar que para sancionar por desobediencia se precisa que la orden o el requerimiento sea «expreso, comprensible, concreto o individualizado».
Lo ideal, añaden es que al inicio del expediente sancionador el agente describa muy bien los hechos más que realizar un calificación jurídica, porque la denuncia no es más que el inicio del procedimiento que luego hay que sustanciar y que puede terminar en una sanción. Además, apuntan que dicha sanción no es definitiva, pues cabe impugnarla en vía contencioso administrativa
Según abogados expertos en la materia la clave puede estar en la calificación de los hechos que los agentes realizan a priori en estos expedientes sancionadores o en los atestados que redacten en supuestos en los la incidencia llegue al ámbito penal, y que en muchos casos es corregida posteriormente por los fiscales.
Ley Mordaza o Ley de Sanidad
Por otro lado, el informe de la Abogacía indica que la sanciones también podrían incardinarse en la Ley General de Salud Pública, viendo más inconvenientes en aplicar a la actual situación la normativa de Protección Civil.
Algunas fuentes jurídicas respaldan este criterio pero oras discrepan al entender que «se trata de órdenes dictadas en el ejercicio de potestades ordinarias de tutela de la salud pública, sino de órdenes excepcionales derivadas del estado de alarma».
Extralimitación policial
Por su parte, las diferentes asociaciones de jueces coinciden en que todas las propuestas de sanción realizadas por las fuerzas policiales pueden ser recurridas tanto por la vía administrativa como por la judicial, y advierten de que los decretos dictados por el estado de alarma genera «ámbitos de sombra» que quedan a la interpretación de quien pone la sanción, lo que puede llevar a una extralimitación por parte de las autoridades que deciden sancionar a viandantes.
Las sanciones por incumplir las medidas de confinamiento pueden acarrear multas de 600 euros en los casos más leves.
En Hego Euskal Herria, policías locales y Ertzaintza han interpuesto más de 4.500 denuncias por incumplir las medidas de confinamiento y más de 350 han sido detenidas. Nafarroa ha contabilizado más de 3.000 multas y una treintena de detenciones por incumplir las restricciones, mientras en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Solo el pasado lunes la Ertzaintza y policías locales de la CAV identificaron a 2.164 personas, denunciaron a 442 y detuvieron a una docena.
La extralimitación en la actuación policial de la Ertzaintza ya ha sido cuestionada durante el periodo de confinamiento, como en el caso de una de sus actuaciones en el barrio de San Francisco de Bilbo, en el que detuvo a un joven y su madre tras reducirlos y golpearlos con la porra entre protestas de los vecinos desde los balcones.
Aunque el Departamento de Seguridad de Lakua ha anunciado que ha abierto una investigación interna por este hecho, la Ertzaintza ha multado a los vecinos que protestaron y grabaron la detención.
LAB denuncia las actuaciones arbitrarias
El sindicato LAB ha denunciado las actitudes mostradas por los diferentes cuerpos policiales, a menudo bajo el amparo de la Ley Mordaza.
A su juicio, desde que el Gobierno español declarara el estado de alarma se han multiplicado las «actuaciones policiales inadecuadas, arbitrarias y desproporcionadas».
Además, subraya la importancia de los valores que deben ser el eje de la actuación de la Policía Local, en la medida en que una policía de proximidad ha de ser ser ciudadana, a la vez que destaca la aportación que puede realizar desde su carácter comunitario, «investigando, por ejemplo, la existencia de medidas preventivas para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios esenciales».
Asimismo, LAB ha rechazado «la campaña institucional promovida para blanquear al Ejército Español, la Policía Española y la Guardia Civil. Sin ningún tipo de vergüenza, están utilizando a las diferentes policías municipales para hacer propaganda recentralizadora».
«Nos parece especialmente grave y doloroso que en el homenaje organizado en el Cuartel de Intxaurrondo participara la Guardia Municipal de Donostia», concluye el sindicato.
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20200415/juristas-advierten-de-que-las-sanciones-por-vulnerar-el-confinamiento-solo-deben-imponerse-si-se-desobece-una-orden-concreta
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