miércoles, 9 de octubre de 2024
martes, 8 de octubre de 2024
sábado, 5 de octubre de 2024
Casos de propiedades palestinas arrebatadas por colonos ofertadas en Airbnb
Los gigantes de las reservas turísticas incluyen en sus listados centenares de alojamientos en asentamientos ilegales en territorios ocupados, donde la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina se ha disparado.
Y no es solo una cuestión de Airbnb. Además de esta compañía estadounidense, Naciones Unidas extiende la acusación a Booking.com, TripAdvisor e incluso la española eDreams. Todas ellas, según la ONU, son culpables de “la prestación de servicios y utilidades que respaldan el mantenimiento y la existencia de los asentamientos”. La Oficina de Derechos Humanos de esta organización trasnacional incluía en febrero de 2020 a todas estas compañías en una lista de 112 empresas de todo el mundo que estaban colaborando con la expansión y fortalecimiento de estos asentamientos ilegales.
Puertas giratorias del PNV replicadas por el PP...
La fórmula empleada por el millonario vasco que preside ENCE para tratar de garantizar la permanencia de la planta en Lourizán consistió en mantener las puertas giratorias bien engrasadas, es decir, ir incorporando a la compañía de cargos públicos del PP, al igual que el modelo del PNV con la planta de Petronor en Muskiz. En este caso, el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco alcanzó la presidencia de Petronor en 2008 para consolidar la estrategia fósil vasca.
Tambien fue el caso de José Ignacio Zudaire, Director de servicios generales en la Consejería de Industria que encabezaba Josu Jon Imaz, y ahora Director de relaciones institucionales de Petronor, filial de Repsol, o José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria, después consejero de Repsol y Petronor. El mismo Gualber Atxurra, exalcalde del PNV en Muskiz, donde opera el gigante fósil, se convirtió en Técnico de relaciones institucionales de Petronor.
Exactamente de igual modo pasó en Galicia con Juan Luis Arregui, cuyas relaciones se intensificaron rápidamente con el PP, llegando incluso a incorporarse como patrono en la Fundación Fraga en 2007. Ya desde 2009, con Arregui en la presidencia de ENCE, en el consejo de la compañía comenzó a participar un antiguo cargo del Gobierno de Manuel Fraga, José Carlos Del Álamo, consejero de Medio Ambiente en la Xunta desde 1997 hasta 2003. Del Álamo renovó en 2018 su cargo de consejero de ENCE hasta 2001.
24 muertos por pelotazos, la realidad sacada a la luz...
En la comparecencia para anunciar la proposición contra la Ley Mordaza, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu recordó que 24 personas (23 según otras estimaciones) han muerto en el Estado español desde la muerte de Franco a causa de pelotazos policiales. Evidenció con ello una realidad ocultada durante décadas, incluso después del exhaustivo informe del colectivo Stop Bales de Goma que está anexo a esta información.
Los datos son innegables. A los casos producidos en Euskal Herria en estas décadas (desde José Luis Aristizabal Lasa, de 20 años, en 1977 a Iñigo Cabacas, de 28, en 2012) se le suman otros producidos en Parla (Madrid), Cartagena, Valencia, Overa (Almería), Barcelona en el transcurso de una Diada... Sin olvidar que fue el lanzamiento de pelotas de goma lo que desencadenó la tragedia del Tarajal, con catorce o quince inmigrantes ahogados.
No se trata de casos propios exclusivamente del convulso periodo de la llamada Transición, sino que en este siglo XXI el informe de Stop Balas de Goma detalló hasta 40 casos de lesiones graves.
La proposición de ley llevada ahora al Congreso por seis grupos contempla sustituir ese material por otro menos lesivo, con lo que las pelotas de goma pasarían a la historia –triste historia–, como ya ocurrió en Euskal Herria tras la muerte de Cabacas.
Cabe recordar en este contexto, no obstante, que en 2021 el consejero de Lakua Josu Erkoreka admitió que los «beltzas» de la Ertzaintza seguían entrenándose con ese material por si «hubiera que usarlo como recurso de ‘ultima ratio’ en incidentes», según recogió esta información de Iñaki Iriondo.
Al otro lado del Bidasoa la misma realidad se hizo evidente en el caso de Lola Villabriga, gravemente herida por un pelotazo en una movilización en Biarritz.
En Euskal Herria y Catalunya hay consenso claro contra este material, pero en el Estado español los sindicatos policiales ya se están movilizando para tratar de impedir que las pelotas de goma desaparezcan.
Amenaza de «cuerpo a cuerpo»
Así, Ibón Domínguez, portavoz de Justicia Policial (Jupol), ha mostrado su «absoluto rechazo y repulsa» a la modificación de la norma del Gobierno Rajoy, alegando que acarreará «la pérdida total del principio de autoridad».
En declaraciones a EFE, Domínguez considera un «despropósito» la prohibición de utilizar pelotas de goma, ya que éstas sólo se utilizan en «manifestaciones violentas», y ha vaticinado incluso un «incremento de lesiones» tanto de los manifestantes como de los policías porque «sólo se va a poder usar la defensa en el cuerpo a cuerpo».
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirman que la restricción del uso de material antidisturbios «ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo», por lo que ve en ella «un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden».
En la Guardia Civil, el cuerpo que más ha usado estos proyectiles entre 2000 y 2020 según el informe de Stop Balas de Goma, Jucil ha dicho que la reforma «pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al desarmarlos».
En este contexto, no ha pasado desapercibido lo ocurrido este viernes en Murcia, donde la Policía española ha cargado con pelotas de goma contra una movilización estudiantil en la que participaban menores.