El objetivo es la suspensión del
cobro de los alquileres durante el tiempo de confinamiento y el que
dure la pandemia, dado que miles de familias se encuentran sin trabajo e
ingresos.
Más de 16.000 personas se han adherido a la huelga de alquileres convocada desde el pasado 1 de abril en
toda España por los sindicatos de inquilinos, según los organizadores.
El recuento lo hacen con los correos electrónicos que les han enviado
declarando la intención de secundar la movilización debido a la
imposibilidad de pagar total o parcialmente la renta por la crisis del
coronavirus.
El objetivo
es la suspensión del cobro de los alquileres durante el tiempo de
confinamiento y el que dure la pandemia, dado que miles de familias se
encuentran sin trabajo e ingresos. Consideran que las medidas de alivio aprobadas
por el Gobierno (y que pasan por moratorias en el pago y microcréditos
del ICO) son insuficientes y condenan al endeudamiento.
Tampoco es la única huelga de alquileres convocada en el mundo en estos momentos, por ejemplo en Nueva York se
inicia una la semana que viene. De cara al 1 de mayo los sindicatos de
inquilinos españoles aseguran que se están organizando convocatorias de
huelga internacionales que se secundarían en países como Portugal,
Italia, Grecia, Reino Unido y Alemania.
En
cuanto a la cobertura legal, en España la Constitución reconoce el
derecho a huelga, pero solo dentro del ámbito laboral. Esto significa
que la huelga de alquileres se va a tratar a nivel judicial como un
impago y no como una huelga.
«Consideramos
que la huelga está teniendo éxito, porque son miles las personas que en
lugar de caer en el impago en soledad y con angustia, pasan a una
situación de lucha junto a mucha otra gente y encuentran una vía
colectiva que ante un fondo de inversión o un juez te da más garantías
de evitar problemas judiciales o legales», sostiene el portavoz del
Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera.
Pau
es inquilino en la calle Carme, 106, un edificio en el Raval barcelonés
propiedad de Cerberus desde 2017. Relata que de los cinco pisos
alquilados en su bloque, los cuatro que han sufrido una gran caída de
ingresos debido a la crisis de la COVID–19 han decidido secundar esta
huelga.
«Enviamos una
carta a la propiedad diciendo que no ingresaríamos el alquiler de marzo a
la espera de abrir una negociación y hablar. Nos contestaron con la
lista de condiciones que ha puesto el Gobierno para considerar a alguien
en situación de vulnerabilidad. Cuando les hemos remitido la
documentación, pidiéndoles que nos especifiquen a qué parte del decreto
se quieren acoger (moratoria o quita), nos han respondido que solo
aceptarán un retraso en las cuotas. Ahora tenemos que ver qué respuesta
colectiva damos, pero de momento seguimos en huelga. Una quita del 50%
hubiera sido más ética», asegura.
No
se trata de una huelga general en la que se esté llamando al impago del
alquiler, sino de organizar a quienes se ven incapaces de afrontarlo
por haberse quedado en paro, haber tenido que cerrar su negocio o estar
en la economía informal y no logran llegar a acuerdos con sus
propietarios, explica Palomera. Entre quienes siguen esta huelga, en
ciertos casos se están produciendo impagos de la totalidad del alquiler y
en otros de una parte.
«Recomendamos no endeudarse»
En
cuanto a los microcréditos ICO que el Gobierno va a poner en marcha
para que los alquilados afronten el alquiler y puedan pagarlos más tarde
sin intereses, los sindicatos de inquilinos recelan de su uso.
«Recomendamos a quienes nos consultan que no se endeuden», afirma el
portavoz. En los casos en los que los deudores no puedan pagar estos
créditos con un plazo de hasta diez años, podrían optar a las ayudas a
la vivienda que reparten las CCAA tras recibir los fondos del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con un límite de 900 euros
mensuales.
Las
organizaciones convocantes de esta movilización rechazan la visión del
Gobierno de que en este caso se enfrentan los intereses de dos partes
iguales, propietarios e inquilinos, y que ambas deben ser protegidas.
Este miércoles el ministro de Transportes, José Luis Ábalos
señalaba: «No todos los que tienen una vivienda en alquiler son
potentados» y añadía que «a veces puede ser una viuda que complemente
así su renta».
Argumentaba
que, por eso, el Ejecutivo no puede decretar una «penalización» para
los arrendadores, «como si fueran culpables de que otras personas entren
en vulnerabilidad». Según el decreto aprobado
por el Gobierno, en España en el 85% de los arrendamientos de vivienda
el propietario es una persona física, pequeño propietario.
A
juicio de Palomera, dentro del Gobierno hay diferencias sobre estos
criterios «ideológicos» que según denuncia no cuentan con «base
empírica» y chocan con los datos del Observatorio Metropolitano de
Cataluña, según los cuales el 40% de los grandes tenedores (más 10
viviendas) son particulares, lo cual no quiere decir que sean pequeños
propietarios.
«Para los
ministerios económicos el orden de prioridades es que se sigan pagando
alquileres al mismo ritmo y al mismo precio y que la población más
vulnerable se sacrifique y endeude, y en caso de que no puedan pagarlo,
que el erario público pague a los arrendadores», lamenta.
En
todo caso, los sindicatos tienen constancia de muchas negociaciones
entre particulares que están llegando a acuerdos para la rebaja del
alquiler. En cuanto a las medidas para los grandes tenedores (por encima
de diez inmuebles), afirman que por la información que les llega, están
optando por la moratoria y pago posterior de la deuda, no por la quita
del 50% en la renta durante cuatro meses, que son las dos opciones que
les da el decreto.
Los
sindicatos de inquilinos han creado ochenta comités de huelga en barrios
y ciudades, que se reúnen telemáticamente y son los que proporcionan
información a quienes se adhieren a esta movilización.
A los 16.000 inquilinos que se han interesado, y entre los que también
hay profesionales que alquilan locales y oficinas, les facilitan un
formulario para que se lo envíen a su propietario informándole de que no
podrán abonarle la renta.
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