Utilizo el nombre de ayudas sociales porque es el más extendido entre la población para referirse a las distintas prestaciones que componen el sistema de rentas de garantía de ingresos existentes en Euskadi, en concreto a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES).
En los últimos 5 años, desde que se empezó a cocinar la nueva Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, estamos asistiendo a un acoso permanente de las ayudas sociales. No es que antes no haya habido momentos en que no haya saltado a la opinión pública debates sobre el fraude en este tipo de prestaciones o la presunción de la escasa voluntad de buscar trabajo de las personas perceptoras o el continuo crecimiento de demandantes y del presupuesto necesario para atenderles, cada vez más voluminoso. Lo novedoso en estos últimos años es que se está dando una coincidencia de factores que están creando un escenario futuro que hará difícil la existencia de las ayudas sociales tal como las hemos conocido en los veinte años transcurridos desde su puesta en marcha en 1989 hasta el año 2008.
Los factores a los que me refiero son los siguientes: 1) Un nuevo marco legal, la ley de diciembre de 2008, que contiene una nueva filosofía a la hora de enfrentarse a la regulación del modelo vascongado de rentas de garantía de ingresos. 2) La irrupción de la grave crisis económica a partir del 2008, que está tensionando al máximo el sistema de ayudas sociales. 3) Una voluntad política profundamente reaccionaria, visible de forma notoria en los casos del PP y del PSE-EE, pero que también ha empapado bastante al PNV, y que ha aprovechado la palanca obtenida por los dos factores anteriores y el viento a favor de una opinión pública agobiada por la crisis y fácil de manipular, para llevar a cabo una descarada y continuada demagogia con temas como el fraude, la empleabilidad, la insostenibilidad del sistema, etc.
El sistema de ayudas sociales que se implantó a finales de los años ochenta del pasado siglo en Euskadi, fue una novedad en el Estado Español. Seguía la estela de lo que se empezaba a desarrollar en la Unión Europea como artefacto para combatir la pobreza que se escapaba de las medidas tradicionales del estado de bienestar, soportadas en las prestaciones ligadas al empleo y la Seguridad Social. Al tratarse de una nueva institución de prestaciones sociales, surgida en frío (no había sido demandada por los sindicatos u otros movimientos sociales), su arraigo social llevó tiempo. En nuestra tierra la pobreza engendrada por la crisis industrial de finales de los años setenta y ochenta del pasado siglo, era clandestina y venía soportada por la red familiar y por Cáritas.
Es relevante comprender el origen del modelo de rentas de garantía de ingresos en la CAPV para sacar las conclusiones apropiadas sobre su evolución posterior: 1) Su introducción fue prevista como una medida coyuntural para luchar contra la pobreza provocada por la crisis industrial de los años setenta, por lo que las prestaciones que se pusieron en marcha no fueron diseñadas pensando en su permanencia. 2) La demanda ciudadana de las nuevas prestaciones tardó en cuajar porque la prevención de las personas pobres de aparecer como tales, ante un nuevo sistema de ayudas sociales, llevaba su tiempo para irse diluyendo.
El modelo de prestaciones de lo que inicialmente se llamó IMI (Ingreso Mínimo de Inserción) y posteriormente RB (Renta Básica), contenía tres figuras: una prestación garantizada como derecho subjetivo para cubrir gastos de manutención (IMI), una prestación subvencional (sometida a la existencia de presupuesto) par atender gastos extraordinarios (AES, Ayuda de Emergencia Social) y un derecho/contraprestación a la inserción laboral. Durante veinte años, entre 1989 y 2008, el modelo de rentas de garantía de ingresos de la CAPV, resultó eficaz para combatir la pobreza extrema pero no evitó que nuevas formas de pobreza (mujeres, familias monoparentales, juventud) fueran tomando el relevo de la pobreza tradicional y, sobre todo, no impidió que su expansión y los elementos disfuncionales que le acompañaban desde su origen, fueran acentuándose.
El crecimiento de las personas demandantes del IMI, RB y RGI ha sido continuo desde 1989. Y con ello el del presupuesto dedicado a esta partida al ser un derecho subjetivo, no sometido a ningún límite presupuestario. Que en estas mas de dos décadas haya habido una mayoría de años de bonanza económica (1995/2007), no ha impedido el incremento de personas demandantes y de las aportaciones presupuestarias. Este hecho ha tenido que ver con la existencia de nuevas formas de pobreza y con el incremento de la cobertura de las prestaciones. Estas pasaron, en el año 2000, a raíz de la aprobación de la nueva Ley 10/2000 de Carta de Derechos Sociales, fruto de la ILP llevada a cabo en 1996-97, de 303,60 € mensuales a 379,36 €, un incremento del 25% y que suponía alcanzar el 75% del SMI del año 2000. Desde entonces el incremento ha continuado, siendo la cobertura actual que garantiza la RGI el 88% del SMI (658,50 € mensuales para una unidad de convivencia de una persona, 845,58 € para 2 personas y 935,38 € para unidades de convivencia de 3 o más miembros). En el caso de los y las pensionistas la RGI llega al 100% del SMI (748,30 € para una persona, 935,38 € para dos y 1.010,21 para 3 y más).
En la política de mejora de las prestaciones ha sido importante la inclusión, desde 2002 de los complementos al empleo. Para combatir la trampa de la pobreza, a las personas con bajos niveles salariales, producto de su precariedad laboral, se les eleva el nivel de prestación al que pueden acceder como suma de sus ingresos salariales y de la actual RGI. Para una unidad de convivencia de una persona, si se tiene ingreso salarial, en el año 2011, la prestación pasará de 658,50 € mensuales a 1.025 €. Cuando en el año 2007 el Gobierno Vasco se decide a modificar a fondo los elementos que estaban creando problemas serios en el diseño y gestión de la política de ayudas sociales, le salen a la palestra los siguientes temas: las AES, que eran prestaciones previstas con carácter extraordinario para atender gastos ocasionales de la gente sin recursos, se destinan en su mayor parte a pagos regulares de alquileres; la dinámica de aumento de la demanda de ayudas sociales (para manutención y alquileres, RB y AES), es imparable; los convenios de inserción no funcionan y la empleabilidad de las personas perceptoras de ayudas sociales es baja.
El Gobierno Vasco podía haber hecho cambios en la Ley contra la Exclusión Social, vigente desde 1998, pero decide tirar por la calle de en medio y sacar una nueva ley, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre. Esta ley está diseñada para intentar acabar con todos los problemas que se venían detectando en la política de ayudas sociales del Gobierno Vasco.
1) Poner límite al crecimiento de las ayudas sociales. El arsenal de medidas que se implementan en este campo es enorme: tope de dos RGI por vivienda; limitación de la RGI a personas inmigrantes con cónyuge en su país de origen; límite, inicial, de 2 años para percibir la RGI; límite máximo temporal al cobro de las AES; etc.
2) Segregar de las AES la prestación destinada al pago de alquileres, que pasará a llamarse PCV (Prestación Complementaria de Vivienda) y acompañara a la prestación de manutención (RGI), teniendo carácter de derecho subjetivo como esta.
3) Supeditar las ayudas sociales a la empleabilidad. Para ello se diferencian la RGI que cobran las personas a las que se les complementan sus pensiones de jubilación o invalidez, de la que cobra la gente sin ingresos de trabajo y de la gente empleada que percibe una RGI como complementos de empleo. A estas dos categorías de personas se les va a exigir, a través de los convenios de inserción, una serie de requisitos favorables a la búsqueda de empleo, en el primer caso y de la mejora o complemento del empleo que ya se tiene, en el segundo, que quedan en manos de lo que la Administración (LANBIDE, en este caso) decida en cada momento.
La crisis económica ha provocado un fuerte incremento en el número de personas perceptoras (36.817 en marzo de 2009, 51.903 en marzo de 2010 y 53.981 en marzo de 2011) y en el gasto total en RGI, PCV y AES (233 millones de euros en 2008, 317,2 mill. de euros en 2009 y 389,9 millones de € en 2010). La dinámica del gasto en ayudas sociales siempre ha sido creciente, como antes he señalado, al margen de los tiempos de crisis. En el 2000 este gasto fue de 91,8 millones de euros, en 2004 alcanzó los 160,6 millones de € y en 2007 llegó hasta 216,5 millones de euros.
El contexto de la crisis ha creado condiciones inmejorables para, aprovechando la reforma de la actual Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, dar una vuelta de tuerca a los elementos comentados más arriba. Esta reforma iba a consistir, inicialmente, en la introducción de meros cambios administrativos que facultaran al Servicio Público Vasco de Empleo LANBIDE a tramitar la RGI y la PCV, sustituyendo a los servicios sociales de base de los Ayuntamientos y a la Diputaciones. Un acuerdo del PP y del PSE-EE, en la Comisión de la Ponencia que está tramitando las enmiendas para reformar la Ley, el pasado 12 de septiembre, ha decidido imponer 3 años de empadronamiento previo en la CAPV o 1 año de empadronamiento más 5 de cotizaciones a la Seguridad Social, frente al año que hasta ahora se exige para cobrar la RGI. Además también han acordado medidas draconianas referidas a la empleabilidad, medidas que van destinadas a excluir de la RGI a perceptores y perceptoras que rechacen cualquier empleo, que se calificará como adecuado.
Recapitulemos para centrarnos en el futuro que le espera a las personas perceptoras de ayudas sociales a partir de enero de 2012, en que los nuevos recortes que se introduzcan en la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, ya estarán en vigor:
- Miles de inmigrantes y de personas jóvenes que decidan independizarse de sus familias a partir de los 23 años, van a quedar excluidas durante dos años (hasta que cumplan los 3 de empadronamiento previo) de la RGI y la PCV.
- La gestión de la empleabilidad que desarrolle LANBIDE va a tener, en buena medida, un carácter punitivo sobre la gente perceptora de la RGI que no sea pensionista. La persecución de la cruzada de la empleabilidad de Gemma Zabaleta se va a centrar en 16.600 personas (30,15% del total de perceptores y perceptoras de la RGI) que cobran una RGI parcial, como complemento a sus ingresos de trabajo y 19.000 (34,6%) que perciben la RGI total por carecer de cualquier ingreso.
- Las campañas destinadas a seguir ensombreciendo el sistema de las ayudas sociales y a sus personas perceptoras con el tema del fraude, van a continuar. Tienen el terreno abonado en una opinión pública machacada por la crisis y que busca sus enemigos entre los colectivos más frágiles de la sociedad (personas inmigrantes, pobres, excluidos/as…) en lugar de fijarse en quienes detentan el poder del dinero y de la política. Estas campañas, a las cuales LANBIDE va a colaborar gustosamente, utilizando sus estadísticas (tenemos ejemplos recientes) para enredar y emborronar todo, haciendo aparecer como voluntad de no querer trabajar y otras modalidades de fraude, cosas que, en una mayoría de casos son meros problemas administrativos de la gente perceptora, siempre dejarán un rédito para quienes quieren ir socavando el sistema de ayudas sociales. Ese rédito es ya muy evidente: las ayudas sociales de la CAPV, prestigiadas por una gran mayoría de la ciudadanía durante veinte años, han cosechando en los últimos cinco, un notable desprestigio. Estas operaciones suelen ser la antesala para justificar mayores ataques a determinadas partidas de gastos sociales.
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