DANILO ALBIN
@danialri
Nada ni nadie puede detener
el tiempo. Hace ya algo más de 17 meses de aquel 3 de mayo de 2018 en
el que ETA, tras amagar con publicar un vídeo en alguna cadena
internacional, confirmó vía audio que se disolvía para siempre. Sin embargo, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil
mantienen los incentivos económicos que comenzaron a otorgarse a sus
efectivos en el País Vasco y Navarra allá por 1986, cuando se producían atentados de manera habitual. Hoy, a pesar de que los riesgos han desaparecido, los pluses continúan. Y continuarán.
“Tanto Policía Nacional como Guardia Civil cobran plus de conflictividad en idéntica cuantía. No se ha barajado suprimirla”. Así de escueta es la respuesta trasladada a Público
por fuentes oficiales del ministerio de Interior, que omitieron indicar
–pese a lo solicitado por este periódico– qué cantidad de dinero se
dedica a esos pluses.
No obstante, fuentes de ambos cuerpos señalaron que el monto actual es de 678,61 euros brutos mensuales en el caso de policías nacionales y de 681 euros a cada guardia civil. Esos pluses suponen una parte importante del salario que perciben los agentes en esta zona.
Teniendo en cuenta el número de miembros de ambas fuerzas en estas comunidades –1.900 policías y 3.607 guardias civiles en Euskadi y Navarra–, el gasto anual en pluses de conflictividad asciende a 44.948.712 euros.
Una auditoría realizada hace algunos meses por Ernst&Young Abogados recomendaba a Interior la “revisión”
de esos complementos en función del nuevo escenario abierto en la
Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra tras la
desaparición de ETA. Sin embargo, desde Interior transmitieron a Público en su brevísima respuesta que no se ha estudiado suprimirla. No aclararon, en cualquier caso, si podría revisarse el monto, tal como planteaba la auditoría.
Ampliarlo a Catalunya
En ese contexto, las principales asociaciones de la
Guardia Civil y Policía Nacional ya se han manifestado en contra de una
hipotética supresión de esos pluses, ya que sostiene que a pesar de que
ETA ha desaparecido, aún existe una situación de peligrosidad para los integrantes de ambos cuerpos tanto en Euskadi como en Navarra.
De hecho, el objetivo de esas organizaciones es ampliarlo a Catalunya, donde entienden que a día de hoy se vive también una situación de conflictividad que debe ser correspondida con un complemento salarial para los agentes allí destinados.
En una reciente declaración, Independientes de la Guardia Civil (IGC) advertía que “desde los acontecimientos y enfrentamientos sufridos
ante la actuación de las Fuerzas de Seguridad para dar cumplimiento a
las órdenes judiciales de impedimento del pseudo referéndum del 1 de
octubre de 2017”, los miembros de ese cuerpo “han visto sin duda
perjudicadas las relaciones sociales con sus convecinos que ven en ellos
uno de los obstáculos a salvar para conseguir una hipotética
segregación del resto de España".
IGC señalaba incluso que guardias civiles que prestan funciones en Catalunya “se han visto obligados a trasladar a sus hijos y esposa
a otras comunidades del Estado”, mientras que en otros casos han tenido
que “cambiar a los niños de colegio, e incluso llevarlos a colegios
privados, ocultando la profesión del progenitor”. Aquello, señalaba esa
asociación, “nos traslada a los años en los que imperaba el terrorismo
en el País Vasco y Navarra”.https://www.publico.es/politica/final-eta-interior-mantiene-pluses-conflictividad-euskadi-navarra-suponen-45-millones-euros-ano.html
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