Como veis el problema no es el dinero. El problema son las prioridades de cada Gobierno y la falta de voluntad política para erradicar la pobreza de nuestro país. ¿Seguiremos dejándolo en sus manos o trataremos de ser partícipes en esta digna revolución?
¿Alguien
en su sano juicio se imagina que en 2019 el INE no hubiera publicado
los datos del paro relativos al primer trimestre porque se destruían
93.400 empleos? No, ¿verdad? Pues el Gobierno Vasco no ha tenido ningún
reparo en no presentar el estudio más completo que suele realizar sobre
las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. Este estudio es la
Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (de ahora en adelante,
EPDS) que el Gobierno Vasco realiza y presenta bianualmente.
En 2016, en la anterior EPDS
publicada, se demostraba cómo la pobreza grave se enquistaba en Euskadi
y ya afectaba a 104.177 personas, sin mejora sustancial respecto a la
EPDS anterior dos años atrás. Esto suponía que en 2016, las personas en
situación de pobreza grave habían aumentado un 57,7% respecto a las que
se encontraban en la misma situación en 2008 (66.540), justo antes del
inicio de la crisis.
Como decía
anteriormente, el Gobierno Vasco no ha presentado la EPDS del año 2018
cuando la del año 2016, por ejemplo, la presentó el 31 de enero de 2017.
Sin embargo, lo que sí ha hecho con nocturnidad y alevosía (si te
preguntas el por qué, pronto lo entenderás), es subir un archivo con unas tablas estadísticas
que arrojaban datos realmente preocupantes. Así, con los datos
publicados en la EPDS de 2018, observamos cómo el dato de las personas
en situación de pobreza aún ha empeorado más. En 2018, éstas han
aumentado hasta las 109.735 personas, un 5,3% más que hace dos años y un
64,9% más que hace una década.
Entiendo
que un número aislado puede ser difícil de interpretar (más aún si no
se conoce la realidad socioeconómica de Euskadi) y que, a veces, es
necesario un ejercicio de humanidad con el fin de poner ojos en cada una
de esas 109.735 personas que viven en situación de pobreza grave. Pero,
¿cómo empezamos a dar sentido a ese número? Sin duda, es necesario
profundizar un poco en la realidad de Euskadi para poder tener una
imagen de la misma.
Si echamos la
vista hasta el año 2004, observamos cómo desde entonces el Producto
Interior Bruto de Euskadi ha tenido un crecimiento positivo
significativo en general, aunque es verdad que tuvo un crecimiento
negativo durante algunos de los años más duros de la crisis, en 2009
(-3,3%), 2012 (-2,0) y 2013 (-1,7) exactamente. Sin embargo, podemos ver
cómo desde el año 2014, en el que la economía creció un 1,6%, el
crecimiento ha sido constante hasta el 2018 (2,9% en 2015, 3,1% en 2016,
2,9% en 2017, 2,8% en 2018) y éste se mantiene, aun con una pequeña
desaceleración, en las previsiones para el año 2019 y 2020 (crecimiento
de 2,3% y de 2,0%).
Por otro lado y
como cabría esperar, la tasa de desempleo ha tenido una correlación más o
menos negativa respecto al crecimiento de la economía. En los años
anteriores a la crisis el pleno empleo en Euskadi era casi una realidad,
con tasas de desempleo entre el 3 y el 4%. Fue en 2009 cuando esta
tendencia cambió radicalmente. Al mayor descenso interanual del PIB se
unió, a su vez, el mayor incremento interanual en la tasa de desempleo,
pasando del 3,8% al 8,1% (incremento del 113,16%). En 7 años, de 2008 a
2014, la tasa de desempleo en Euskadi incrementó del 3,8% hasta el 16,1%
y, a partir de 2014, su descenso ha sido constante hasta situarse justo
por encima del 10% en el año 2018.
Elaboración propia. Fuente: Eustat y Gobierno Vasco
Por lo tanto, lo que los datos revelan es que en términos macroeconómicos y en términos de desempleo, se ha notado una clara mejoría en Euskadi desde el año 2014 hasta la actualidad. Por un lado tenemos un crecimiento anual de la economía en torno al 3% y por otro lado tenemos un descenso de la tasa de desempleo del 36% en 4 años (casi 6 puntos porcentuales).
Uno de los indicadores
más alarmantes y en el que me centraré en este artículo (no porque los
otros hayan mejorado, ya que casi ninguno mejora respecto a años
anteriores) es el que contabiliza las personas en situación de pobreza
grave (cuyos ingresos están por debajo del 40% de la renta mediana). El
primer dato respecto a este indicador es de 1986, cuando había 69.578
personas en esta situación (un 3,3% de la población). Para 2008, es
decir 22 años después, el número de personas en situación de pobreza
grave se había reducido hasta las 66.539. Es decir, un 4,4% menos
comparado con 1986. Entre 2008 y 2014, sin embargo, hubo un incremento
de personas en riesgo de pobreza grave nunca antes visto en Euskadi. De
las 66.539 personas en situación de pobreza grave de 2008 se vio un
incrementó hasta las 104.941 personas en 2014. 6 años en los que este
indicador aumentó un 57,7% a la vez que se disparaba la tasa de
desempleo.
Tal y como comentaba un
poco más arriba, 2014 fue un punto de inflexión respecto al crecimiento
negativo en la economía y al incremento de la tasa de desempleo. En 2014
el PIB creció un 1,6% respecto a 2013 y a partir de este año la tasa de
desempleo empieza su caída hasta reducirse en casi 6 puntos
porcentuales durante los próximos 4 años, invirtiendo de este modo las
tendencias negativas posteriores a la crisis.
Así,
nos encontramos en 2014 con una tasa de desempleo del 16,1% y con
104.941 personas en situación de pobreza grave. Es en este año cuando
las líneas que representan por un lado la tasa de desempleo y por otro
lado el número de personas en situación de pobreza empiezan a
distanciarse y a correlacionarse negativamente. Para el año 2018, cuando
el desempleo se había reducido un 36% tomando 2014 como referencia, el
número de personas en situación de pobreza, lejos de reducirse, se
incrementa en un 4,6% (4.793 personas exactamente). Así, del 3,3% de la
población que se encontraba en situación de pobreza grave en 1986, en
2018 este porcentaje se incrementa hasta el 5,1%.
Elaboración propia. Fuente: Eustat y Gobierno Vasco
Parecería extraño, a priori, que en cuatro años donde la economía ha crecido a ritmos cercanos al 3% y ha habido un considerable descenso de la tasa de desempleo, la pobreza no solo no se haya reducido, sino que haya aumentado considerablemente (especialmente en aquellas comarcas que se han visto más afectadas por la ineficiente política industrial del Gobierno Vasco). Debe quedar claro que la mejor política social no es el empleo como a algunas personas les gusta decir, sino que la mejor política social es, precisamente, la mejor política social. Y cuando la política social no es la adecuada, pasa lo que pasa. En nuestro caso, que en los últimos 10 años las personas en situación de pobreza grave han aumentado en un 64,9% y que las personas en riesgo de pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana) un 20,2%.
Una
vez analizados estos datos, está claro y se comprende por qué desde el
Gobierno Vasco han querido ocultarlos lo máximo posible y han retrasado
su publicación a un período post-electoral.
¿Cómo
se consuela el Gobierno Vasco ante esta realidad? Muy fácil. Midiendo
las políticas sociales a peso. Más concretamente, en millones de euros.
Reiterando una y otra vez que en Euskadi se invierte en prestaciones
sociales el 40% de todo lo que se invierte en el Estado español. En
definitiva, comparándose con los que peor están.
Sin
embargo, vemos cómo aun invirtiendo más millones de euros los datos se
vuelven año a año más preocupantes, demostrando que la protección social
no es medible en millones de euros, sino en la calidad de las políticas
sociales. Y en este tercer gráfico podemos observar cómo a pesar de que
los millones destinados al programa “Inclusión Social” (Renta de
Garantía de Ingresos y PCV) de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi se han incrementado de 2014 a 2018 (de 400
a 507 millones de euros) un 26,75%, el número de personas en situación
de pobreza también se ha incrementado (un 4,6%). 2018 es, con este
incremento, el año de toda la serie histórica (desde 1986) donde más
alto es el número de personas en situación de pobreza grave en Euskadi.
¿Y
qué ha pasado en Euskadi en los últimos años para que la situación de
cada vez más personas empeore mientras aumentan los millones? Sencillo.
Que las presiones para reducir el déficit presupuestario de los países miembros de la Unión Europea
han sido muy significativas y que éstas se han trasladado en Euskadi a
modo de reformas restrictivas para controlar la demanda en las
prestaciones sociales. Es verdad que en Euskadi no se ha reducido el
presupuesto para las prestaciones dirigidas a las personas en
situaciones de pobreza[1],
pero sí se han realizado reformas restrictivas que dificultaban el
acceso al derecho incrementando los requisitos personales y familiares,
recortando las cuantías de las prestaciones anualmente a través de la
Ley de Presupuestos y desvinculándolas del Salario Mínimo
Interprofesional o reforzando su orientación hacia la inclusión activa.
De esta manera nos encontramos con que Euskadi
y Castilla y León son las dos únicas Comunidades Autónomas en las que
los niveles de exclusión severa son en la actualidad superiores a los de
2013.
Es verdad que hay que ser
necio para obviar que la Renta de Garantía de Ingresos ha tenido un
efecto positivo en paliar cierta cronificación de la pobreza en Euskadi
durante muchos años. Pero no nos podemos llamar a engaño. Los resultados
nos muestran que durante los últimos años se han empeorado
sustancialmente las vidas de muchas personas debido a la ineficiencia
económica de la Renta de Garantía de Ingresos y a la red de seguridad
incompleta que proporciona. Pero voy más allá. Y es que la proposición
de Ley para modificar la Renta de Garantía de Ingresos que el Partido
Nacionalista Vasco y el Partido Socialista presentaron hace más de un
año en el Parlamento Vasco y que el pasado 27 de junio de 2019 fue
admitida a trámite gracias a la abstención del Partido Popular da aún da
más miedo. Una proposición de Ley con una ausencia absoluta
de perspectiva de género, que trata de engañar a las personas
pensionistas, que criminaliza a las personas perceptoras (huella
digital) y que lleva encubiertos recortes por doquier.
Soy
consciente de que la cuantía económica no lo es todo en un programa
como la Renta de Garantía de Ingresos, pero este ejemplo es claro de lo
que supondría la aprobación de esta proposición de Ley tal y como fue
admitida a trámite. En dicha proposición de Ley se plantea que la
cuantía base para cubrir las necesidades básicas en Euskadi es de
455€/mes. Ante esta cuantía, nos encontramos con que el umbral de la
pobreza en Euskadi se sitúa en 858€/mes y el umbral de la pobreza grave
en 572€/mes. Es decir, los partidos que sustentan al Gobierno Vasco
quieren por un lado eliminar la vinculación de la cuantía de la Renta de
Garantía de Ingresos al Salario Mínimo Interprofesional y, por otro
lado, establecer una cuantía base para cubrir las necesidades básicas
equivalente al 53% del umbral de la pobreza y al 79,5% del umbral de la
pobreza grave. ¿Alguien entiende que se pueda salir de la pobreza con
una prestación social equivalente al 53% del umbral de la pobreza?
Difícil de creer.
Ante las subastas
de pescado a la baja en los sistemas de protección social en forma de
reformas restrictivas, creo que es fundamental ensanchar los derechos de
todas las personas. Y este ensanche de derechos tiene como punto de
partida la concepción de las personas como sujetos libres. Por ello,
ante la ayuda ex post de las prestaciones condicionadas a
cambio de una contraprestación una vez la persona perceptora haya
demostrado ante la burocracia estatal que ha “fracasado”, es el momento
de caminar hacia el derecho de ciudadanía ex ante,
incondicional, universal y suficiente. Caminar hacia una Renta Básica
Incondicional que no es ninguna perversión social, sino un derecho
universal exigible frente a las políticas asistencialistas.
Pero,
¿cómo se paga una Renta Básica Incondicional a toda la ciudadanía? En
Euskadi, el coste neto de una Renta Básica Incondicional se situaría en
torno al 2,5% del PIB en base al estudio realizado por Arcarons, Raventós y Torrens
en 2014. En 2014 el PIB de Euskadi era de 63.896 millones de euros. En
otras palabras, financiar una Renta Básica en Euskadi en el año 2014
hubiera tenido un coste neto de unos 1.597,4 millones de euros. En 2016
se publicó un estudio
encargado por el propio Parlamento Vasco a los catedráticos Zubiri y
Fernández Macho y a la catedrática Gallastegi de la Universidad del País
Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea en el que se estimaba que entre
1990 y 2014 el fraude fiscal anual estimado en Euskadi era de 2.320
millones de euros. Por lo que en Euskadi, cada año, sinvergüenzas que no
cumplen sus obligaciones para con toda la ciudadanía se llevan limpios
722,6 millones de euros más que lo que costaría la erradicación de la
pobreza mediante la garantía de la existencia material a todas las
personas.
Siendo conscientes de que
el dinero del fraude fiscal no se puede transponer directamente a la
financiación de una Renta Básica Incondicional, haré otros dos
ejercicios simples de financiación. Esta vez con datos de 2017 cuando el
PIB en Euskadi era de 73.821 millones de euros y, por lo tanto, el
coste neto para financiar una Renta Básica Incondicional alrededor de
1.845,52 millones de euros.
En primer
lugar haré un ejercicio con 3 movimientos de partidas directamente
cogidas de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el año 2017. En este caso, sumaré el dinero destinado a la
Renta de Garantía de Ingresos (507,5 millones de euros) junto a los
polémicos recursos que se destinaron a la educación concertada de la red
no universitaria en vez de a la pública (622,2 millones de euros) y a
los destinados para la construcción del controvertido Tren de Alta
Velocidad (350,5 millones de euros). El resultado sería una suma de
1480,2 millones de euros. Es decir, solo con estas tres partidas,
podríamos financiar más del 80% del total del coste neto de una Renta
Básica en Euskadi. Y todo esto sin tocar el sistema fiscal de Euskadi en
el que anualmente dejábamos de ingresar 1.000 millones de euros anuales
por la pérdida de 2 puntos en la presión fiscal respecto a 2007. Esto
quiere decir que si el esfuerzo fiscal fuera igual al de 2007, en 2017
sumando a estas tres partidas la recaudación extra por el incremento de
presión fiscal, podríamos financiar un 134,4% de una Renta Básica
Incondicional.
En segundo lugar quiero hacer referencia a una propuesta de reforma fiscal
integral, profunda y ambiciosa a la vez que sencilla y extremadamente
factible que presentamos desde Elkarrekin Podemos ese mismo año. En esta
propuesta de reforma fiscal planteábamos 5 impuestos a reformar:
Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e
Impuesto del Juego. Creíamos que era necesario aumentar la presión
fiscal en Euskadi ya que ésta era (y es aún más) sustancialmente menor
que la que había antes de la crisis (en 2007 la presión fiscal era 2
puntos superior a la de 2017 y desde 2009, como comentaba en el párrafo
anterior, se han dejado de ingresar más de 1.000 millones de euros
anuales en las Haciendas Forales de Euskadi). Y es que gran parte de
esta propuesta se basaba en converger en presión fiscal con Europa. ¿Por
qué? Porque en Euskadi la presión fiscal se encuentra 7 puntos por
debajo que la media de la Unión Europea.
De
esta manera, sin contar los aproximadamente 500 millones de euros que
pretendíamos recaudar a través de medidas antifraude fiscal, propusimos
una propuesta de reforma fiscal que haría que recaudásemos anualmente
1.250 millones de euros más. Con estos 1.250 millones de euros aún nos
quedaríamos muy lejos de converger con la media europea en presión
fiscal, no hay duda. De hecho, y por poner un ejemplo, en nuestra
propuesta de reforma fiscal “solo” recaudaríamos 275 millones de euros
más a través del Impuesto de Sociedades, cuando el diferencial con
Europa se encuentra en 669 millones de euros.
Pero
aun así, haciendo una reforma fiscal ambiciosa pero perfectamente
factible, vemos que si sumamos los 1.250 millones de euros a los 507
millones de euros destinados a la Renta de Garantía de Ingresos en el
año 2017, financiaríamos más del 95% del coste neto para la implantación
de una Renta Básica Incondicional en Euskadi.
Como
veis el problema no es el dinero. El problema son las prioridades de
cada Gobierno y la falta de voluntad política para erradicar la pobreza
de nuestro país. ¿Seguiremos dejándolo en sus manos o trataremos de ser
partícipes en esta digna revolución?
[1]
Sí hubo una reducción en la cuantía destinada a la “Renta de Garantía
de Ingresos y PCV” en el proyecto de Presupuestos de la CAE para el año
2019 que finalmente no se aprobó y tuvieron que ser prorrogados los
Presupuestos de 2018. Esta reducción se realizó en base a la cuantía
ejecutada para la “Renta de Garantía de Ingresos y PCV” en el año 2018,
que fue de 489 millones de euros frente a los 507 millones de euros
presupuestados. Mientras algunas personas decían que esta inejecución se
debía a la mejora en los datos de pobreza, a día de hoy podemos
observar que no fue así y que fueron las reformas restrictivas las que
promovieron que hubiera menos personas perceptoras.
es
Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos en el
Parlamento Vasco y miembro de la Red Renta Básica y de la Basic Income
Earth Network
Fuente: www.sinpermiso.info, 21-7-19
http://www.sinpermiso.info/textos/alarmante-aumento-del-numero-de-personas-en-situacion-de-pobreza-grave-en-euskadi
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