La Audiencia Nacional española archiva la causa contra las anarquistas detenidas en la Operación Piñata
Cinco jóvenes pasaron meses en prisión provisional y la quincena
de acusadas han sufrido medidas cautelares durante estos tres años
El Juzgado Central de Instrucción número 6
ordenó a la Policía Nacional española, en colaboración con las Brigadas
de Información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, detener
quince personas por “pertenecer a un grupo criminal con fines
terroristas”
Era la madrugada del lunes 30 de marzo de 2015 cuando unidades de
antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP), acompañados
de miembros de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía
(CNP) española y de la unidad homónima de los Mossos, irrumpían a once
domicilios particulares y seis centros sociales para detener quince
personas acusadas de “pertenecer a un grupo criminal con fines
terroristas”.
Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de
las actuaciones y como que no había ninguna otra parte personada como
acusación, se archiva y se levantan las medidas cautelares contra las
investigadas
Casi tres años después de las detenciones, el mismo juzgado que
ordenó el operativo firmó el archivo del procedimiento el pasado lunes
29 de enero, en este caso sin embargo, el magistrado que está al frente
actualmente es Manuel Maria Garcia-Castellon Garcia -Lomas. Aunque el
archivo no es definitivo, porque la fiscalía tiene tres días para
presentar recurso a la decisión del juez instructor, no se prevé que
esto suceda, ya que ha sido el propio Ministerio fiscal quien ha emitido
un informe interesándose por sobreseimiento provisional de las
actuaciones. Este hecho, sumado a que no había ninguna otra parte
personada como acusación en la causa, ha provocado el archivo y el
levantamiento de las medidas cautelares contra las investigadas.
La operación se llamó Piñata y estaba ordenada por el juzgado de
instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN) española, encabezado
por el magistrado Eloy Velasco. En una nota de prensa difundida por la
Policía ese mismo día, se afirmaba que las personas detenidas formarían
parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Los agentes llevaron a
cabo registros en diecisiete puntos ubicados en las ciudades de Madrid,
Barcelona, Palencia y Granada, entre ellos los centros sociales
madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, donde
requisaron material informático. Durante los registros, además de las
investigadas en el marco del operativo, el CNP detuvo 24 personas,
catorce de ellas acusadas de resistencia y desobediencia y las otras
diez acusadas de usurpación, que quedaron en libertad el
El grueso de la operación se desarrolló en Madrid, pero en la ciudad
de Barcelona se produjeron tres de las quince detenciones por
acusaciones de terrorismo. Una chica y un chico fueron detenidos a
primera hora de la mañana cuando caminaban por la calle, justo después
de salir de casa, en los barrios del Poble Sec y Sant Andreu de Palomar,
respectivamente. La tercera detención se efectuó después de mediodía en
la Estación de Sants. Se efectuó un registro en el barrio de la
Verneda, en la antigua sede del Ateneo Libertario Naturista que
actualmente es una vivienda, y en la calle Fontrodona del Poble
Sec. Bajo el lema “Libertad detenidas por luchar” se convocaron
movilizaciones de protestado la misma tarde de las detenciones en la
plaza del Mercado del Clot de Barcelona y en la plaza del Vi de Girona.
El juez Eloy Velasco decretó el ingreso en prisión de cinco de las
acusadas -cuatro de Madrid y uno de Palencia-, mientras las dos chicas y
el chico detenidos en Barcelona quedaron en libertad, pero han tenido
que ir a firmar periódicamente el juzgado más próximo a su
domicilio. Dos meses después, la sección tercera de la sala penal de la
misma AN tumbó el auto de prisión de Velasco, desautorizando-lo, y
señalando que no se les puede imputar “acciones concretas de las que se
pueda determinar su finalidad terrorista “, más allá de” difusos actos
de proselitismo anarquista “. Así pues, tres de los cinco jóvenes
encarcelados quedaron en libertad sin necesidad de depositar fianza,
después de pasar sesenta días en prisión, dispersados en centros
penitenciarios muy alejados de sus domicilios.
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