Cómo los medios violan la presunción de inocencia y otras operaciones políticas en el caso de Lanza-Laínez

En un contexto de ofensiva represiva y agitación del nacionalismo español, la condena mediática sin pruebas a un activista de izquierdas por la muerte en Zaragoza del falangista Víctor Laínez alinea al régimen y su prensa afín.

Los hechos, que aún no se conocen completamente, habrían sucedido en un bar de Zaragoza la noche del pasado 8 de diciembre. Las versiones que dieron este martes, sin ningún tipo de comprobación, diversos diarios de gran tirada decían que: “Víctor Lainez, de 55 años, ha fallecido este martes en la capital aragonesa a consecuencia de la agresión sufrida el pasado viernes por un joven, al parecer, porque no le gustó que llevara unos tirantes con la bandera española”. (El Mundo.es)

Inmediatamente, medios de comunicación regionales, como el Heraldo de Aragón y nacionales, como El País o La Vanguardia informaban en artículos centrales de la detención de Rodrigo Lanza como presunto agresor, relacionándolo con el movimiento okupa y remarcando en varias ocasiones su origen chileno.

A partir ese momento se despliegan en la prensa prácticas que pasan por encima de cualquier garantía judicial, vulnerando por completo el derecho a la presunción de inocencia y que oscilan entre la criminalización y la exposición extrema del acusado. A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones (en general en casos que involucran a personas de la extrema derecha), numerosos diarios exhibían fotografías recientes en detalle del acusado con nombre completo, su supuesta orientación política, datos sobre sus familiares en Chile e incluso sobre su lugar de trabajo o espacios que visitaba.

A nivel semántico, estos medios insinuaban -y lo siguen haciendo- de forma flagrante la culpabilidad del acusado antes de conocerse los hechos y antes de que el acusado pudiera hablar con su abogada, ya que se le había negado ese derecho durante las 72 primeras horas de detención, adelantándose a la verificación de los hechos.

La familia y amigos de Rodrigo en un primer comunicado agradecían el apoyo recibido, y a la vez que expresaban su respeto por el dolor de la familia del fallecido, llamaban a los medios de comunicación a no seguir difundiendo noticias sin ser contrastados los hechos. En un segundo comunicado, publicado este jueves, una vez que Rodrigo Lanza pudo hablar con su abogado, explican su versión de los hechos.

Allí señalan que Rodrigo Lanza se habría defendido de una agresión por parte de Victor Laínez, quien lo habría atacado con una navaja. Al mismo tiempo, vuelven a expresar su “consternación por las diversas versiones que han sido vertidas por los medios de comunicación, sin un atestado acabado, ni la versión de los testigos, ni la de los investigados, y sin que un juez haya tomado declaración a ninguno de ellos.” Señalan a su vez que “a causa de estas informaciones no contrastadas, familiares, amigos y entorno, hemos recibido innumerables presiones y amenazas.”

Uno de los elementos más importante de esta campaña mediática es el hecho de que centren el motivo de la supuesta agresión en que Laínez llevara tirantes con la bandera española y omitiendo su filiación falangista, en pleno auge de las políticas centralistas de represión judicial y policial contra el independentismo catalán y a todo aquel que cuestione la sacrosanta “unidad de España”. Esta operación de “desinformación” fue denunciada en las redes sociales.

Al tiempo que la ultraderecha ha convocado concentraciones en homenaje en Madrid y Barcelona y Falange y Vox se presentarán como acusación popular en el juicio, medios como el Heraldo de Aragón llegan a afirmar que el suceso “se produjo por el simple hecho de que la víctima vestía unos tirantes con la bandera de España que no gustaron a su agresor”.

El hecho de presentarlo como un ataque a alguien que llevaba la bandera es una de las bazas de una derecha envalentonada que pide la ilegalización de la Plataforma Antifascista de Zaragoza #Absolución10zgz a quienes señala como culpables indirectos. La doble vara de medir judicial se muestra en el hecho de que ese mismo día el neonazi condenado por apología del genocidio, Pedro Varela, organizaba una conferencia racista sin ningún impedimento institucional a pesar de las peticiones de prohibición de varias organizaciones de la ciudad.

Al mismo tiempo que desde los grandes medios de comunicación se ha lanzado esta “condena” sin presunción de inocencia, difundiendo como verdaderas algunas versiones de los hechos, sin contrastar y sin derecho a la defensa del acusado, esos mismos medios han intentado otra operación para culpabilizar a Lanza, señalándolo como autor de una lesión a un policía en 2006 en un operativo policial contra un local okupa en la barcelonesa calle de Sant Pere mès Baix. Sin embargo, la veracidad de esos hechos que ahora todos los medios dan por “ciertos”, ha sido cuestionada como parte de un escandaloso montaje policial en un caso lleno de irregularidades, como lo demostró en su momento el galardonado documental Ciutat Morta y como denunciaba Rodrigo Lanza en una entrevista realizada por este diario.

Fuerzas políticas conservadoras y sus medios afines tratan de utilizar el caso en el contexto de bunkerización del Régimen del 78. Desde el Heraldo de Aragón llegan a afirmar que Lanza fue arropado por el entorno de ZEC y Podemos, el líder de Ciudadanos Albert Rivera mostraba el caso como la consecuencia de “quienes han inoculado odio en la sociedad” y el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido auguraba la “tolerancia cero con los radicalismos violentos”.

Esto sucede en un contexto en el que el nacionalismo español actúa como gran baza del giro reaccionario del gobierno y el búnker del Régimen, en el que el sistema judicial está actuando como un verdadero “partido de orden” en los últimos meses a través de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que persiguen de forma “exprés” a quién suponga una amenaza política para el Régimen. El uso de la prisión preventiva sin derecho a fianza como forma de encarcelar sin juicio previo, se ha convertido así en un método sistemático contra todos aquellos que el régimen quiere disciplinar.

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