Isabel García es una de las ocho personas que desde el viernes está en huelga de hambre en Bilbo para reclamar un incremento de la RGI un 8% y la supresión el recorte del 7% aplicado en 2012 por el Gobierno de Patxi López.
Junto a ella han estado Iñaki Carro, abogado de Argilan-ESK, y Esteban Rivas y Alfonso López, ambos de Ekain-Redes para la Inclusión Social de Euskadi.
García ha remarcado que el 25% de los perceptores de la RGI tienen trabajo, pero con salarios tan bajos que necesitan de esta prestación para completar su sueldo, y que el 20% son jubilados con pensiones bajas, por lo que percibir la RGI no les desincentiva a la hora de buscar un trabajo.
«Lo que desincentiva el empleo es el mercado laboral», ha coincidido Alfonso López, quien ha considerado que el «potente» sistema autonómico de protección social «ha hecho aguas y no ha sabido dar respuesta» desde que comenzó la crisis en 2008. «Podemos seguir pensando que somos la Noruega de España, pero en la Noruega de España una de cada cinco personas lo esta pasando mal».
Iñaki Carro ha reclamado el fin de «los recortes en RGI por la vía de los hechos, porque Lanbide incumple sistemáticamente la ley dejando fuera del sistema a miles de familias» al exigir documentos innecesarios o denegar peticiones de manera injustificada.
A su juicio, «esto no esta ocurriendo de manera fortuita», sino que «partiendo de la idea de que existe el fraude, que lo hay y es de un 1%», se opta por «tratar al 99% restante como si fueran defraudadores».
«Se parte de una presunción de que cualquier persona que se acerca a una oficina de Lanbide a solicitar una prestación social es culpable o cuando menos sospechosa de estar cometiendo fraude», ha denunciado el letrado, quien ha advertido de que esa «presunción de culpabilidad es un principio totalmente contrario al ordenamiento jurídico».
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