El Gobierno y la Conferencia Episcopal han anunciado este jueves un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica para las que ya no es posible la vía judicial debido a la prescripción del delito o la muerte del agresor. El Defensor del Pueblo —con quien el Gobierno debe ahora firmar un convenio que pondrá en marcha el proceso— será una figura clave en el nuevo mecanismo, en el que también participarán las víctimas, cuyos representantes han sido convocados este viernes por el Gobierno. Las reparaciones económicas, en su caso, correrán a cargo de la Iglesia.
El fracaso de los canales abiertos por la Iglesia, como el plan PRIVA, para la reparación de los abusos ha llevado a la apertura de esta nueva vía, cuyo pacto ha llegado tras largos meses de negociación y diversas tensiones entre la jerarquía católica y el Gobierno. De este modo, las víctimas tendrán un asidero en la administración pública, que tendrá la última palabra. Para el Ejecutivo, se trata de un acuerdo "histórico".
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