Mientras el PNV exige en Madrid desclasificar documentos de la trama de espionaje Pegasus, el Gobierno Vasco declara “secreto por razones de seguridad” el expediente para la “evolución del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza”. Las dos licitadoras enfrentadas son distribuidoras de la empresa que ha diseñado el programa de espionaje israelí, entre ellas, la de una familia muy cercana a Benjamin Netanyahu.
El pasado jueves, subido a la tribuna del Congreso de los Diputados, Aitor Esteban afirmaba que “un cierre en falso del caso Pegasus” no ayudaría “a la mejora del sistema democrático” e indicaba que sería más “propio” pluralizar y “hablar de los espionajes”. Días antes, Aitor Esteban señalaba que “nadie tiene certeza de no ser espiado” y exigía a Pedro Sánchez desclasificar documentos.
Como ha podido saber Hordago-El Salto gracias a una resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi de finales de marzo, mientras el portavoz del PNV vende consejos en Madrid, el Gobierno vasco oculta su relación con las empresas israelíes que facilitan el espionaje a la Ertzaintza. A este respecto, la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi oculta la licitación de un contrato para la “evolución del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza”.
Según fuentes de Seguridad del Estado citadas por El Periódico, las dos empresas (Excem y Dars Telecom) que pujaban por la adjudicación son intermediarias de NSO Group, firma israelí que ha desarrollado el programa Pegasus. Tal vez por este motivo, el expediente ha sido declarado “secreto” por parte del Ejecutivo de Iñigo Urkullu alegando “razones de seguridad”.
Pegasus inquieta al PNV
Hace casi un año, en julio del 2020, se destapó un escándalo mundial al publicarse que el programa Pegasus había espiado a líderes de todo el planeta, incluyendo a los independentistas catalanes. El hecho de que la empresa involucrada fuera la firma israelí NSO Group puso en jaque los planes de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco. Meses después, a principios de 2021, la Ertzaintza reaccionó cambiando sus planes para adjudicar el sistema de intervención de comunicaciones, licitado bajo el nombre de “Evolución del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza”. Este sistema ha sido fabricado por Verint Systems, una firma israelí de inteligencia que en 2018 trató de comprar NSO Group. Hasta el momento, la gestión del servicio había recaído en Excem Grupo 1971 SA, proveedora en el Estado español de Verint, así como proveedora tecnológica de la “policía patriótica” del PP y del Ministerio de Defensa. Excem es de la familia Hatchwell, muy cercana a Benjamin Netanyahu, como publicó El Confidencial.
En poco menos de un año, la sangre ha llegado al río y salpica al partido jeltzale de Aitor Esteban. El 5 de enero de 2022, Excem presentaba un recurso especial contra la adjudicación del citado contrato en el registro del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC). El representante español de la israelí Verint Systems había perdido la nueva adjudicación tras casi dos décadas como proveedora. En su lugar, la licitación fue entregada a la firma italo-española Dars Telecom SL, intermediaria también de la firma israelí NSO Group, fabricante del software de espionaje Pegasus.
Por ello, surgen algunas preguntas: ¿hasta qué punto las empresas de inteligencia de este país han penetrado en la policía vasca y el Ejecutivo vasco como para provocar conflictos internos entre ambas? Si se tratara de un contrato normal, el Gobierno Vasco no hubiera protegido con tanto ahínco los entresijos de este. Entonces, ¿por qué imploró a la OARC que guardara silencio?. “Al tratarse de un expediente declarado secreto por razones de seguridad, [debe garantizarse] de la manera más estricta posible la confidencialidad y el secreto de la información,” señala el Gobierno Vasco en sus alegaciones al OARC.
Irregularidades en el Gobierno Vasco
Ahora bien, no se trata de un expediente cualquiera, sino de un expediente considerado como ilegal por la empresa demandante, con quien el PNV ha mantenido buenas relaciones hasta que estalló el escándalo Pegasus. En su recurso, Excem alega que una resolución del Gobierno Vasco acordó en septiembre de 2021 abrir una nueva fase de negociación acotando las necesidades mínimas y los valores máximos valorables. Para ello, había solicitado a las dos empresas una nueva oferta económica definitiva que no estaba prevista en los pliegos de la licitación, “lo que supone una infracción del procedimiento legalmente establecido”.
Según Excem, además, “se da la circunstancia de que, con anterioridad a dicha resolución, ya había ofertas definitivas” y la suya “era la mejor puntuada” en junio de 2021. Dars Telecom solicitó la desestimación del recurso al entender que la solicitud de Excem “carece de argumentación jurídica sobre el fondo del asunto y perjudica al interés público por tratar de entorpecer la formalización del contrato”. ¿Por qué cambió de idea a última hora, contradiciendo además los criterios de la ley de contratación?
Por su parte, el Gobierno Vasco señaló al organismo regulador que una cláusula especial de los pliegos de la licitación “no ha establecido ni limitado el número de fases o rondas de negociación”. Pero a juicio del OARC, “en este caso el poder adjudicador ha infringido el procedimiento legalmente aplicable”. El motivo: “solicitar la modificación de ofertas ya recibidas” que el propio Gobierno Vasco había considerado como “definitivas y, consecuentemente, innegociables”, para “elevar la propuesta al órgano de contratación” que adjudicaría el contrato.
Este movimiento del Gobierno Vasco ha llevado al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC) a acusarle de “alterar un criterio de adjudicación por introducir en él un umbral máximo que no figuraba originalmente en su descripción”. Esto es, el Gobierno Vasco se ha saltado la normativa de contratación para no adjudicar un contrato a una proveedora israelí con la que llevaba varios años trabajando y entregárselo a otra cuya identidad conocía.
El 25 de marzo de 2022, el OARC ha terminado estimando “parcialmente” el recurso de Excem. Según esta firma, la otra licitadora, Dars Telecom, llegó a introducir “en el sobre de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor” datos que no debía incluir, como su identidad, ya que “anticipan información” y ello suponía “un intento de influir en la objetividad del juicio del evaluador y comprometer el secreto de la proposición”. Aunque el OARC decretó “levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación”, la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi sigue sin publicar ni un solo dato sobre el proceso de licitación y adjudicación.
Trío de intermediarios
Este 21 de mayo, Hordago-El Salto desveló las relaciones de Verint Systems con el Gobierno Vasco, adjudicataria en 2003 del Sistema de Monitorización Telefónica de la Ertzaintza. La investigación apunta que la firma española Excem “presta sus servicios de soporte y mantenimiento así como el suministro de componentes y materiales precisos para el funcionamiento” del Sistema de Intervención Legal de Comunicaciones de la Ertzaintza. Así fue desde el año 2006, cuando Excem era el “único y exclusivo representante en el Estado español” de la israelí Verint Systems. Por entonces, Julián Garcia Vargas, exministro de Defensa, era consejero delegado de Excem.
No obstante, el reportaje destapaba también que eso había cambiado y el contrato citado en la sección anterior para la “evolución del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza” fue adjudicado a Dars Telecom. Seis horas después, el diario catalán El Periódico, citando fuentes de Seguridad del Estado, afirmaba que Dars Telecom y Excem son intermediarias de la también israelí NSO Group para la distribución de su spyware denominado Pegasus.
Entre los directivos de Dars Telecom citados por El Periódico destacan Michele Tombа y Alberto Chiappino, ambos mencionados en la filtración de WikiLeaks, debido a su conexión con la trama de espionaje de la firma italiana Hacking Team. Esta última había sido contratada por el CNI para espiar teléfonos móviles y ha sido cliente de la Ertzaintza. En los datos de WikiLeaks figura también que el socio local de Hacking Team es Galea Electricuna empresa vasca manejada por la familia responsable de la obra del edificio del Archivo Histórico del Nacionalismo de Artea.
Entonces, ¿las irregularidades del Gobierno Vasco se deben al caso Pegasus o al choque de intereses entre las firmas israelíes, quienes llevan décadas compitiendo y enfrentándose por los contratos de espionaje de las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo a la Ertzaintza?
Las amistades de Dars Telecom
La relación de Dars Telecom con las Fuerzas de Seguridad del Estado va más allá que sus relaciones mercantiles con la Ertzaintza. Esta firma ha sido proveedora tanto del Gobierno Vasco como de la Policía patriótica del PP que, según Aitor Esteban, le habría espiado durante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aquello ocurrió meses después de dirigirle la famosa frase de “si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano”.
Según los datos hechos públicos entre los años 2015 y 2021, a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto, Dars Telecom ha sido adjudicataria de importantes contratos de suministro de equipos y software para la interceptación de las telecomunicaciones utilizados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Según la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), la firma italo-española también trabaja para el Ministerio de Defensa y la Policía Foral navarra.De acuerdo al TEDAE, entre los productos ofertados por Dars Telecom se incluyen los “centros de monitorización, soluciones específicas de interceptación legal para los operadores, herramientas de investigación en distintos entornos tecnológicos avanzados como pueden ser redes sociales, TOR, balizas electrónicas y soluciones para la gestión electrónica de mandamientos judiciales en conservación de datos, intervenciones telefónicas y oficios policiales tanto para operadores de comunicaciones como para cuerpos y fuerza de seguridad”.
Dars Telecom fue adquirida en diciembre del 2021 por la empresa Cy4gate. La plataforma que investigó el espionaje a independentistas con el programa Pegasus, Citizen Lab, desveló que Cy4gate estaba implicada en la distribución de una versión falsa de la aplicación de mensajería WhatsApp utilizada para robar información.
El Periódico también informaba el pasado 21 de mayo sobre Roberto Raffelli, presidente de Dars Telecom entre 2006 y 2010 y patrón de la firma italiana RCS Lab. Esta última fue contratista de la Fiscalía de Italia hasta 2015, fecha en la que Roberto Raffelli fue “acusado de pasar grabaciones obtenidas a través de la fiscalía al presidente italiano Silvio Berlusconi”.
‘El Padrino’ de Aitor Esteban
Aitor Esteban señalaba hace algunos días que al PNV le “han espiado toda la vida y lo van a seguir haciendo”. El Portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, evitaba hacer autocrítica de los episodios de espionaje ligados a la Ertzaintza, desde el caso de las escuchas al exlehendakari Carlos Garaikoetxea hasta el caso Tellería.
De hecho, el sistema de monitorización telefónica de la Ertzaintza no ha estado siempre en manos de empresas extranjeras. Antes de encargar el sistema a la empresa israelí Verint Systems en 2003, el Gobierno Vasco contrataba a Telion SA, una empresa vasca de confianza, para ese servicio de mantenimiento del Sistema de Monitorización Telefónica de la Ertzaintza. Telion estaba por entonces controlada por Dominion y Urazca, ambas vinculadas a importantes apellidos del PNV, y había crecido como una importante contratista de ETB.
Entre 1999 y 2004, la presidencia de Dominion la ostentó Abel Matutes, alcalde de Ibiza durante la dictadura franquista, ministro de Asuntos Exteriores del primer gabinete de José María Aznar que tenía el apoyo del PNV, exsocio de empresarios vascos en el negocio de las discotecas y con intereses en Panamá. A partir de 2004, Dominion pasó a estar presidida por Antón Pradera, consejero de la firma desde 1999 y hermano del jeltzale José Alberto Pradera, exDiputado General de Bizkaia cuyo nombre figura en los papeles de Panamá. Por su parte, Urazca era propiedad de Javier Uría, exalcalde de Zeberio y figura de la élite vasca que apadrinó las carreras políticas de Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai Buru Batzar, y Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Urazca, empresa fundada por su padrino político, figura en los papeles de Bárcenas y en la trama de comisiones ilegales de burukides del PNV denominada caso De Miguel.
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