El Gobierno de Lakua ha manifestado su criterio desfavorable a la
toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para
una renta básica incondicional, ya que considera que la Comunidad
Autónoma Vasca (CAV) tiene «un modelo vigente de éxito» en su apuesta
por «profundizar en la universalización» de la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI).
En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno ha decidido rechazar la aprobación de la proposición de ley –que recabó más de 22.000 firmas
y que fue registrada el pasado enero–, dado que el Ejecutivo tiene ya
comprometida y en fase de trabajo «muy avanzada» para su remisión al
Parlamento de Gasteiz la iniciativa de «un proyecto de Ley del Sistema
Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión».
A su juicio, esta
norma servirá para «reforzar el modelo vigente e incorporará todo lo
relacionado a la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya
presencia es ignorada en la Iniciativa Legislativa Popular y, por tanto,
queda desfasada».
Lakua explica que «el ordenamiento jurídico
vigente distingue entre la acción pública de protección del sistema de
Seguridad Social, en el que se inserta el IMV, y la acción pública de
atención social, en el que se incardina la Renta de Garantía de Ingresos
(RGI)».
«Cada prestación –añade el Ejecutivo autonómico– obedece
a unas determinadas reglas y satisface a requerimientos que deben ser
encauzadas desde las instituciones de manera sinérgica y con la máxima
eficacia».
Por ello, apuesta por «profundizar en la
universalización de la RGI, un modelo de éxito en Euskadi» con el que
pretende «llegar a segmentos de población actualmente no suficientemente
cubiertos, incidiendo especialmente en las familias desfavorecidas con
hijas e hijos».
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