La jueza que instruye la denuncia por «acoso» presentada por Ciudadanos durante un mitin celebrado el 14 de abril de 2019 en Errenteria ha procesado a las 23 personas investigadas por estos hechos, a quienes atribuye indiciariamente la posible comisión de «delitos electorales y contra el orden público».
Esta causa fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de
Donostia después de que la Fiscalía de Gipuzkoa iniciara una
investigación a raíz de una denuncia presentada por el partido naranja y
su por aquel entonces presidente, Albert Rivera.
Los hechos se remontan al 14 de abril de 2019,
cuando en plena campaña electoral Ciudadanos montó un mitin en
Errenteria –localidad en que no tenía representación ni aspiración
alguna de conseguirla– con la presencia de Rivera, Fernando Savater o
Maite Pagazaurtundua, entre otros. Otro tanto había poco antes en
Altsasu o después en Ugao.
El acto se topó con una plaza llena de lazos amarillos en solidaridad
con Catalunya, pitos, cacerolas, insultos e incluso el himno
republicano, acorde con la fecha. La tradicional manifestación que se
celebra cada año fue cortada por los agentes.
El auto que
concluye provisionalmente la instrucción alude a delitos electorales
regulados en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (LOREG), el primero de los cuales prevé una horquilla
con penas de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a 24
meses, mientras que el segundo recoge posibles condenas que van de tres a
doce meses de cárcel o multa de seis a 24 meses.
El auto añade
que «pese a que no se ha podido acreditar y se ha negado por todos los
investigados que participaran activamente en la promoción y preparación
del boicot al acto electoral», no se puede aceptar que no lo conocieran o
que «se lo encontraron si más».
«Un acto electoral de estas
características se prepara con tiempo y los llamamientos a su boicot, a
la movilización ciudadana, y los carteles y pintadas llevaban mucho
tiempo en la calle y en la redes sociales, y no podía sorprender a
nadie», apunta la jueza.
A su entender, las conductas de las
personas procesadas impidieron el desarrollo del acto «con normalidad»,
lo que supuso «una vulneración grave de los derechos electorales» de los
asistentes al mitin.
El auto recuerda que «fue tanta la
afluencia de gente del pueblo en las calles para ‘ver’ el acto y
‘recibir’ a los asistentes, que tuvo que intervenir la Policía en un
dispositivo ‘ad hoc’ con agentes de otros lugares para evitar incidentes
y controlar y contener a los ciudadanos del pueblo».
Tres por cacerolas, uno por gritar…
En otro apartado, el auto describe los hechos concretos atribuidos a cada uno de los 23 investigados, a tres de los cuales les responsabiliza de participar en una cacerolada desde los balcones de sus domicilios «impidiendo» que el acto electoral «se escuchara correctamente» y que se oyeran los discursos de los intervinientes, mientras que a uno más le imputa por gritar desde un quiosco cercano.Al resto de los investigados les atribuye distintas actitudes de forma individual como proferir insultos, hacer cortes de mangas y «peinetas» contra la comitiva de Ciudadanos, impedir con su presencia «el normal desarrollo de la operativa policial» y propinar patadas al coche de Albert Rivera.
Un contexto en el que el auto sitúa también el empujón que supuestamente uno de los investigados dio a un agente de la Ertzaintza «que resultó arrollado por un vehículo» y el lanzamiento de una botella de agua por parte de otro de los procesados contra un segundo policía.
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